La Defensoría del Pueblo ha exhortado al Gobierno a reforzar la protección a periodistas durante el proceso electoral que concluirá el próximo 15 de octubre con una segunda ronda de votaciones entre los candidatos presidenciales Luisa González y Daniel Noboa.

La Defensoría, en un comunicado difundido este lunes 21 de agosto que responde a un resumen de la situación nacional, expresó su preocupación ante "las múltiples amenazas y agresiones dirigidas a los profesionales del periodismo" y que obligaron a al menos cuatro de ellos a buscar refugio en el exterior este año.

Las amenazas a periodistas y la inseguridad que se vive en el país "han obstaculizado su labor debido al temor y la incertidumbre que generan, lo que indudablemente perjudica el acceso pleno a la información por parte de la población".

"Esta situación se torna aún más crítica en el contexto de las 'Elecciones Anticipadas 2023'", indicó la Defensoría tras remarcar que las amenazas "vulneran el derecho de los periodistas", crean "un ambiente intimidante" y violan "el derecho de las personas y las sociedades a buscar y recibir información e ideas de cualquier índole".

Por ello, la Defensoría ha exhortado a los ministerios de Gobierno y del Interior a reforzar "la protección y tutela de los derechos fundamentales de todos los trabajadores de la comunicación, con el objetivo de salvaguardar la libertad de expresión".

También a "reconocer y respetar los derechos y estándares internacionales que amparan el ejercicio del periodismo" y asegurar la "seguridad y bienestar ante las posibles amenazas relacionadas con su labor".

La Defensoría consideró "pertinente y urgente hacer un llamado a las instituciones competentes para garantizar la seguridad e integridad de todos los trabajadores de la comunicación".

También pidió a la Fiscalía "iniciar investigaciones preliminares ante posibles agresiones a periodistas en el contexto de las elecciones populares".

Asimismo, con base en la jurisprudencia nacional y regional, la Defensoría precisó que el Ministerio Público debería "incluir a los trabajadores de la comunicación en el programa de protección de víctimas y testigos cuando corresponda".

También pidió a la Policía trabajar estrechamente con la Fiscalía para fortalecer las investigaciones y "preservar la cadena de custodia de las pruebas para garantizar que cada delito sea juzgado en conformidad con la legalidad".

La institución dijo que el Gobierno debe reforzar la protección a periodistas "mediante la implementación de políticas y acciones integrales que respalden un ejercicio pacífico de sus labores, protegiendo la seguridad, salud e integridad de quienes se dedican a estas actividades".