Debil institucionalidad publica
Sin ánimo de contribuir al desasosiego que por múltiples razones vive la nación, conviene poner en primer plano la crítica situación que enfrenta la institucionalidad pública y la ausencia de un esfuerzo nacional para revertirla.
No resulta propio de una república la precariedad institucional en que se vive. Precisamente una de las recomendaciones de los teóricos internacionales orientada a la consecución de un siempre anhelado progreso, tiene que ver con un alto grado de desarrollo institucional y, dígase lo que se diga, esa es una tarea imposible de lograr si no se cuenta previamente con un alto grado de estabilidad en los órganos fundamentales del Estado.
No podemos vivir sin un titular en la Contraloría que pueda trabajar libre de la tensión de que cualquier paso en falso le puede costar el puesto, siendo el Ecuador un país donde los procedimientos de los organismos de control se respetan en función de cómo le sirven a las autoridades que gobiernan.
Tampoco puede un Estado, agraviado de múltiples maneras, en cada vez más frecuentes oportunidades, precisamente incrementadas conforme se debilita su marco institucional, no tener un titular en su Procuraduría General. Tampoco tener la situación que se genera en la ausencia del fiscal general de la nación titular.
Mientras tanto, se pierde toda confianza en la acción fiscalizadora de la Asamblea Nacional cuando ante la necesidad de constituir una comisión legislativa para esclarecer si hubo o no financiamiento de las FARC a las campañas electorales de Alianza PAIS, se resuelve por parte de legisladores a ella vinculados en la actualidad o en el pasado inmediato, oponerse a dicha conformación, lo que da lugar a todo género de especulaciones.
Por el estilo, se procede en cambio a pretender coartar la capacidad evaluadora del cumplimiento de sus funciones que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, también transitorio, a partir de consultas que, dada la conformación de la Corte Constitucional, están sometidas a toda suerte de sospechas.
Por otra parte, posiblemente alentado por lo antes señalado, el defensor del Pueblo se siente en capacidad de negarse a ser evaluado por el Cpccs.
Sin duda resulta urgente garantizarle a la república una adecuada conformación institucional, hoy pletórica de transitorios y prorrogados.
