Los ojos de las autoridades no descuidan los movimientos de la vicepresidenta María Alejandra Vicuña. La Asamblea Nacional y la Fiscalía General del Estado llevan adelante procesos que apuntan, en el caso del Legislativo, a la renuncia de la segunda autoridad del Ejecutivo.

Vicuña cree que el proceso está orquestado por opositores a su gestión. En una declaración radial no descartó que dicha campaña provenga de dentro del Gobierno.

La funcionaria, cuestionada por el supuesto cobro de ‘diezmos’ a asesores durante su gestión como asambleísta, dijo que no renunciará ni pedirá licencia sin sueldo pese a los pedidos de asambleístas.

Uno de los abanderados de la causa es Fabricio Villamar, de CREO. Él inició la recolección de firmas para iniciar un juicio político en contra de Vicuña. Eso, pese a que no existe una Corte Constitucional que valide la acción.

Villamar también cargó contra la vicepresidenta en el Pleno de la Asamblea. Ayer el legislador logró que se incluya en la agenda el pedido de renuncia a la funcionaria. La propuesta contó con el apoyo de 87 asambleístas.

La discusión del tema iniciará luego del debate de la proforma presupuestaria de 2019.

La Fiscalía, de su parte, reúne elementos para un eventual pedido de formulación de cargos para Vicuña. La fiscal (e) Ruth Palacios abrió la investigación previa el miércoles, con la disposición de media docena de diligencias y pedidos.

Un banco de El Oro y otro de Pichincha tienen cinco días, por ejemplo, para informar a la Fiscalía si la vicepresidenta y el exasesor que la denuncia son titulares de dos cuentas involucradas en el supuesto cobro de diezmos, la descripción de las cuentas y los registros de transferencias.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene el mismo plazo para remitir las copias de las credenciales de los cargos de elección popular en los que haya resultado electa Vicuña. Algo similar se cumplirá en la Asamblea Nacional.

En el impulso fiscal de Palacios (que tiene fecha 28 de septiembre y no 28 de noviembre) no se menciona el Reporte de Operaciones Inusuales que remitió la directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), Diana Salazar, en el que se confirmarían las transferencias.

Lo que sí se menciona es un parte policial con la recopilación de información aparecida en la red sobre el caso y la denuncia del exasambleísta Andrés Páez.

Los primeros en dar versión serán Páez y el excolaborador Ángel Sagbay, el lunes desde las 09:00 en la Fiscalía General.