Alrededor de cuatro horas estuvo el viernes en la Fiscalía General el asambleísta Daniel Mendoza, investigado por posible delincuencia organizada en el caso de la construcción del hospital de Pedernales.

Las sospechas para Mendoza y otras cinco personas surgieron en la instrucción fiscal por supuesto lavado de activos seguida en contra de su asesor Jean Benavides y otros.

La Fiscalía presume la existencia de una estructura organizada, “integrada con fines delictuales”. Se señala que Mendoza se valió de su cargo para impulsar acciones orientadas a la obtención de contratos de obra pública en Manabí.

Mendoza pidió ampliar su versión inicial. Gabriela Moreira, su defensora, señaló que el legislador insistió en su inocencia, pero no desconoce su pasado empresarial y que una de las empresas en la que es socio funcionó hasta 2016, que se principalizó como legislador. Moreira señaló que el asambleísta explicó que los contratos fueron hasta antes que él sea asambleísta. Negó que hubiese efectuado intermediación para obtener contratos y que las empresas fueron creadas con fines sociales. Desconoce de la mayoría de las que se le atribuye.

Moreira dijo a EXPRESO que su cliente “está presto a cooperar, pero con las ampliaciones a las versiones que requiera Fiscalía, la cooperación eficaz es una técnica especializada de investigación, pero mi cliente no se acogerá a tal figura”. El asambleísta no habló sobre su asesor detenido porque es él quien debe responder.

El próximo martes a las 15:00 se resolverá en la Corte la apelación a la prisión preventiva que presentó junto con otros procesados. La Fiscalía continuará recibiendo versiones. El lunes a las 09:00 se recibirá la ampliación de versión de Edmundo Tamayo, exfuncionario del Secob.