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EDWIN ROMERO
Defensa. Edwin Romero y Erick Huilca asistieron a la audiencia de apelación de siete procesados en el caso.René Fraga

Mendoza y su asesor, los más negados en Fiscalía

En julio, siete legisladores aseguraron que nada tenían que ver con ellos

La Fiscalía no se quedará solo en los chats de WhatsApp que intercambiaron los procesados por presunta delincuencia organizada en el caso del hospital de Pedernales, para evidenciar cómo operaba la presunta red de corrupción relacionada con la contratación de obras en Manabí.

A los 18 sospechosos, incluido el exasambleísta Daniel Mendoza, y a su asesor Jean Benavides, al legislador Eliseo Azuero, a funcionarios del Secob y otros, pudieran sumarse más. Dependerá de los resultados de los informes que presenten peritos de Criminalística.

Erik Huilca

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El viernes, en un impulso fiscal en el que se convoca a versiones, diligencias y pedidos de información y requerimientos, la Fiscalía dispuso que se solicite al jefe de Subsistemas de Reportes Telefónicos de la Policía que remita información de números telefónicos registrados a nombre de varias personas. De ellos adjuntó los números de cédula.

Se buscan los datos generales del abonado, nombres completos, número de cédula, de IMEI, IMSI, ICCID, dirección de correo, dirección, teléfono de referencia, tipo de abonado, fecha de activación e inactividad, información técnica y geoposicionamiento del aparato, registro de llamadas entrantes y salientes y de mensajes de texto entrantes y salientes.

El detalle debe corresponder a dos períodos. Para siete investigados: Daniel Mendoza, Edmundo Tamayo, Jorge Jalil, Jean Benavides, Franklin Calderón, Leonardo Véliz y Eliseo Azuero, el período de reporte debe ser desde las 00:00 del 1 de septiembre de 2019 hasta las 23:59 del 30 de septiembre del mismo año.

Mientras que de los mismos sospechosos y de los legisladores Franco Romero, Freddy Alarcón, Washington Paredes, Raúl Tello, Fernando Burbano, Rosa Verdezoto y María Mercedes Cuesta, se requiere la misma información pero desde las 00:00 del 9 de marzo hasta las 23:59 del 15 de marzo de 2020.

En concordancia con ese pedido se solicitó a la ministra de Gobierno María Paula Romo una certificación en la que conste si entre marzo y junio de este año, se han emitido salvoconductos en los que se autorice la movilización de los siete investigados más los miembros de la Bancada de Integración (BADI). Si es afirmativa la respuesta, deberá remitir copias certificadas de los salvoconductos.

En la transcripción del diálogo entre Mendoza y Azuero hay una referencia que se relacionaría con los legisladores. El mes pasado presentaron sus versiones. Negaron cualquier relación con el tema. Romero dijo que al no poder aportar nada, se acoge al derecho al silencio, pero comparecerá las veces que sean necesarias.

Paredes y el presidente de la Asamblea, César Litardo, señalaron que la referencia a ‘Washo’ y a ‘César’ no les pertenece porque no hay nombre o apellido.

De los convocados, sólo Litardo admitió que conoce a Jean Benavides, asesor de Mendoza. Él habría sido parte activa de la red de corrupción, según se evidencia en los chats materializados por peritos.

Entablamos (con Daniel Mendoza) una buena amistad por ser un joven político.

Santiago Cuesta, exconsejero de Lenín Moreno

Mendoza y Benavides fueron los más negados en las versiones. Los asambleístas solo reconocieron una relación estrictamente por temas de la Asamblea. Raúl Tello dijo que en el audio se puede notar la intención de Mendoza de incriminarle. 

Diligencias

Audiencia. Hoy, a las 09:00, se reinstalará en Criminalística la audiencia privada en la que se hará el reconocimiento y exhibición de la información contenida en un iPhone negro.

SANTIAGO CUESTA

Santiago Cuesta dijo tener buena relación con Daniel Mendoza

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Informe. La Fiscalía pidió a la Contraloría que remita copia certificada de dos informes con indicios de responsabilidad penal con sus respectivos anexos, sobre el caso del hospital de Pedernales.

Procedimiento. Al Servicio de Rentas Internas se le solicitó que emita una certificación en la que conste cuál es el procedimiento que realiza para emitir sellos institucionales y la baja de los que quedan descontinuados.