A las 10:30 de este viernes 14 de mayo está previsto que Santiago Cuesta, exasesor del presidente Lenín Moreno, rinda su versión en el caso denominado Las Torres.

La Fiscalía investiga un posible delito de delincuencia organizada que involucra a las principales autoridades de la Contraloría, Petroecuador y Secretaría de la Presidencia y mantiene en prisión a dos de ellos: Pablo Celi y José Agusto Briones, entre otros.

La comparecencia de Cuesta será vía telemática desde España, país en el que se sometió a una cirugía y se encuentra en delicado estado de salud. Además de Cuesta ha sido citado el exministro de Hidrocarburos Carlos Pareja Yannuzzelli, quien está preso en la cárcel de Ambato cumpliendo al menos cinco condenas por presuntos delitos de corrupción.

Su testimonio será por videoconferencia. Pareja regresó al país en 2017 y firmó cooperación eficaz con la Fiscalía pero, su abogado Miguel Revelo indicó que en ninguno de los procesos se ha aplicado.

Insistió en que su cliente está dispuesto a informar sobre estructuras de corrupción que operarían en Petroecuador pero pide garantías porque su vida corre peligro. “El ingeniero Pareja Yannuzzelli fue amenazado de muerte en la cárcel de Latacunga y en el último amotinamiento de la cárcel de Ambato fue amenazado de ser secuestrado”, dijo.

En el mismo caso este miércoles rindió la ampliación de su versión Natalia Cárdenas, exasesora de Pablo Flores, exgerente de Petroecuador, quien será vinculado al expediente la próxima semana. Negó haber sido parte de la estructura delincuencial conformada para el cobro de coimas para desvanecer glosas y pagar planillas.

Dijo que Raúl De la Torre, familiar del contralor Pablo Celi, ingresó unos 15 días después que ella en la estatal y que no ocultaba una relación estrecha con la empresa NoLimit, contratista de Petroecuador y la que habría pagado coimas en este caso.

Detalló los tres contratos firmados por la estatal con NoLimit para trabajos en las refinerías La Libertad y Esmeraldas. Uno de ellos, dijo, fue suscrito por Pareja. Detalló que fueron ocho principales y cuatro complementarios por 196 millones de dólares.

Cárdenas aseguró que no fue parte de la supuesta red y que el dinero que recibió fue un préstamo de su padre para el pago de deudas.

Por otro lado, este martes, el contralor Celi difundió una carta en la que dijo que con el allanamiento a su domicilio se invadió agresivamente su privacidad y “se dio paso a una cadena de hostigamientos, incluidos el allanamiento a la casa de mi madre, recientemente fallecida y la de mi hermana en condiciones hospitalarias críticas”.

Habló de linchamiento mediático por hechos de los que dice, no tiene participación. Pidió se le permita defenderse en libertad para aclarar los hechos.

Insistió en que el gerente de Petroecuador recibió presiones de José Agusto Briones y de Santiago Cuesta para no desvincular a Raúl De la Torre.

La teoría de la Fiscalía es que entre 2017 y 2020 existió un grupo de funcionarios públicos y de personas particulares que conformaron una estructura organizada para exigir pagos y dineros indebidos por gestionar el desvanecimiento de glosas, el cumplimiento de pagos de planillas o facturas correspondientes a contratos suscritos entre la estatal y NoLimit.

La Fiscalía habló de líderes de alta jerarquía como José Agusto Briones que habría dispuesto mantener en el cargo de asesor de Petroecuador a De La Torre, quien fue detenido en Estados Unidos por no justificar la procedencia de alrededor de 250.000 dólares. 

Para la Fiscalía De la Torre era el intermediario y había terceras personas y empresas involucradas en la trama para la recepción de sobornos. De la Torre admitió en EE. UU. que exigió el pago de sobornos de la empresa NoLimit.