Cronica anunciada

Hace dos semanas el órgano legislativo venezolano aprobó la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, ante la abierta oposición de Maduro para su aprobación.

Conforme al proceso que debe seguirse en Venezuela, luego de aprobada la ley esta debe pasar al Ejecutivo para su respectiva aprobación, pudiendo objetarla y enviar nuevamente esa objeción al Parlamento o enviarla al Tribunal Supremo, aduciendo que la ley es inconstitucional.

El presidente Maduro envió la ley al Tribunal Supremo, mayoritariamente afín a su régimen, el cual como era de esperarse declaró la inconstitucionalidad de dicha ley, desconociendo así la decisión tomada por la Asamblea. La sala de lo constitucional del Tribunal Supremo venezolano se ha convertido en el órgano que decide lo que es o no es válido en ese Estado, coincidentemente, acorde a las necesidades que enfrenta el Gobierno de Venezuela.

Esta declaratoria de nulidad pone de relieve tres problemas importantes para la supervivencia de un Estado de derechos: el primero de ellos se origina en la pugna de poderes, que en el caso de Venezuela enfrenta al Legislativo, de mayoría opositora, con los otros tres poderes: el Ejecutivo ejercido por Maduro, el Judicial y el Electoral. En este enfrentamiento subyace el gran problema con el que se ha enfrentado Latinoamérica en el tiempo: el choque del derecho con el poder.

El segundo problema tiene su antecedente en una estructura estatal armada en el transcurso de los años, que creó espacios de control directo e indirecto por parte de quien ejerce el gobierno, que trae como una lógica consecuencia la destrucción de la institucionalidad del Estado, tan necesaria para el respeto de los derechos y garantía de los ciudadanos

Finalmente, el tercer problema es la falta de una clara comprensión por parte de quien ejerce una función pública, de que su obligación es con el Estado y sus ciudadanos y no con quien ejerce el poder.

Lamentablemente, son problemas muy comunes en nuestra región: la pugna del derecho con el poder, la fuerza de quien lo detenta y las acciones que se realizan en nombre del pueblo.

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