La represión de las protestas lideradas por el movimiento indígena, las masacres carcelarias y la falta de reparación a comunidades nativas afectadas por el petróleo son para Amnistía Internacional (AI) los episodios de violaciones de derechos más preocupantes acontecidos en Ecuador en 2022.

En el capítulo referente a Ecuador de su informe 2022-2023, Amnistía señaló que existen “decenas de violaciones de derechos humanos” cometidas durante las fuertes protestas de junio pasado contra la carestía de la vida y la política económica del Gobierno del conservador presidente de la República, Guillermo Lasso.

En esas movilizaciones, que mantuvieron al país prácticamente paralizado durante 18 días, fallecieron siete personas, entre ellas seis manifestantes, según organizaciones de derechos humanos, además de un militar.

Entre los episodios más graves de esas protestas, la AI advirtió la muerte de un manifestante en la amazónica ciudad de Puyo por una granada de gas lacrimógeno disparada contra el rostro a muy corta distancia, lo que para AI constituye uso excesivo de la fuerza.

En ese sentido, la organización internacional recordó que “la Fiscalía General del Estado no había acusado formalmente ni procesado a ningún agente encargado de hacer cumplir la ley por las violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas de octubre de 2019 y junio de 2022”.

También puso el foco en la detención en el primer día de las protestas del presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, principal líder de las movilizaciones.

Iza fue acusado de presuntamente ser autor mediato (con dominio del hecho) de la paralización de servicios públicos y quedó en libertad al día siguiente tras haber sido recluido, según Amnistía, en un régimen de incomunicación por varias horas.

Sobre las masacres carcelarias, que durante 2022 volvieron a repetirse periódicamente, el informe indicó que 146 reos perdieron la vida en prisión a lo largo del año, de los que alrededor de una tercera parte (44) lo hicieron en la matanza acontecida el 9 de mayo en la cárcel de Santo Domingo de los Tsáchilas.

Además, hizo mención de la rotura el 28 de enero de 2022 de un oleoducto que era propiedad de la empresa privada OCP Ecuador, lo que provocó el derrame de aproximadamente un millón de litros de petróleo en la cuenca del río Coca, en la Amazonía ecuatoriana. Esto afectó a los pueblos indígenas y su medio ambiente pero al terminar el año, estos “seguían sin acceder a la verdad, la justicia y la reparación”.