Ecuador experimenta una escalada preocupante en los objetivos del crimen organizado. El control de las cárceles, de los territorios vulnerables y la creación de nuevas rutas para el tráfico de drogas, armas o precursores químicos ya no son sus únicos intereses. Ahora, su influencia se extiende hacia un campo aún más desafiante: la esfera de la administración pública.

A través de esta, busca expandir sus dominios y ejecutar acciones ilícitas por medio de operaciones que podrían camuflarse como legales, además de conseguir acceso a información privilegiada que le permitiría consolidar y reforzar el autogobierno que ha demostrado poseer. Prueba de ello son los consecutivos ataques a servidores públicos y políticos que ostentan o aspiran a un cargo en diferentes entidades.

La última víctima fue el candidato a la Presidencia de la República Fernando Villavicencio, quien a las 18:15 del miércoles 9 de agosto fue atacado por sicarios colombianos, quienes de acuerdo a fuentes policiales serían aliados del grupo de delincuencia organizada Los Lobos. Esta banda habría estado a cargo de la ejecución material. Sin embargo, las autoridades todavía no han establecido los responsables de la autoría intelectual.

El especialista mexicano en Inteligencia y Seguridad, maestro Ramón Celaya Gamboa, sostiene que este asesinato “se enmarca entre la crisis penitenciaria y el incremento de la operación de los carteles en el país”. Sostiene también que todo viene de la mano del recrudecimiento de la violencia, debido a que en la actualidad se observan prácticas nunca antes vistas en el Ecuador, como desmembramientos de personas, cadáveres colgados en puentes, arsenales de guerra encontrados en oficinas de entes de control, narcocementerios, entre otras. “Replican prácticas criminales de otros países, incluyendo México, porque tratan de mandar mensajes de terror”.

Para Celaya, quien también ha sido fiscal y secretario de Seguridad, los problemas parten del autogobierno que los grupos criminales han instituido en el país, partiendo de las cárceles, donde han sido evidentes los privilegios y la corrupción que involucra a funcionarios estatales. “De qué sirven las grandes detenciones de los líderes, si el sistema penitenciario es eslabón más frágil de la cadena, porque de ahí se siguen ordenando asesinatos”, arguye.

Según el experto, el objetivo de los criminales es poner en jaque al Gobierno y autoridades en general, porque “es obvio que tienen un control territorial”, pero quieren demostrar que podrían ser más “poderosos” de lo que ya son. Es por eso que ahora buscan ampliar sus campos de acción.

Los narcotraficantes han encontrado un nuevo camino para extender sus tentáculos, afirma el exfuncionario mexicano: “lo que hemos visto en Ecuador es algo que se está viendo en otras partes de Latinoamérica, que es la infiltración de la delincuencia organizada en la administración pública”.

Gamboa detalla que los primeros puntos de ataque son los municipios, al ser una parte débil, vulnerable, de los gobiernos, que además le permitiría al crimen organizado acceder a áreas e información de su interés. En el caso de localidades costeras, podrían tener ingreso a puertos y controles aduaneros, lo que les facilitaría el tráfico de drogas, armas e incluso precursores químicos. “Esa es la táctica que se va a seguir y que vieron que les está dando resultados”, agrega.

Renato Rivera Rhon, coordinador del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), explica que una vez establecidos en la administración pública, los delincuentes tienen un abanico de posibilidades para llevar a cabo sus operaciones ilícitas.

Como ejemplo, cita dos casos que pueden presentarse: “el lavado de activos a través de la contratación pública y el control del uso del suelo”, con el cual pueden conocer espacios que verían como adecuados para el aterrizaje irregular de avionetas que podrían permitir el contrabando de armas, dinero y el envío de “muchísima droga a Centroamérica”.

Además, debido a que las alcaldías, prefecturas y otras instituciones del Estado cuentan con un sinnúmero de departamentos y empresas públicas, se le facilitaría a los criminales disfrazar sus transacciones ilegales. “Desde ahí se puede mover muchísimo capital (...). Eso es algo que se ha visto en otros escenarios... Hay que recordar los casos de Leandro Norero (narcotraficante que utilizaba empresas para lavar dinero), de Daniel Salcedo (involucrado en la adquisición ilícita de insumos médicos en el hospital del IESS, en Los Ceibos)”, argumenta el profesional.

El analista político Alberto Montenegro asegura que “el hecho de que la delincuencia organizada esté entrometida en la política implica un grave riesgo a la democracia, en tanto que las autoridades se manifiestan por intereses de aquellos (criminales) y no por intereses del ciudadano”. El especialista precisa que esto se puede dar por miedo o por beneficios económicos. “Es posible que quienes quieran llegar a los cargos públicos (en gobiernos autónomos descentralizados), hagan campaña financiada con dineros del crimen organizado y una vez que captan el poder, trabajan en función de esos grupos delictivos. Eso vulnera el interés público”, cuestiona.

La consultora en Asuntos Internacionales Karen Peláez explica que esta situación configura “una profunda herida a la democracia”, agravada con el asesinato de Fernando Villavicencio, pues este suceso arrastra consigo una “sensación de inseguridad y desesperanza en las personas”.

“El ciudadano común siente que no hay estado de derecho, que no hay garantías en la seguridad. Automáticamente esto se traduce en una depresión social y afecta a la economía en algunos sectores, que de hecho ya vienen siendo golpeados desde hace tres años con la pandemia, como son el sector de hotelería, de turismo, restaurantes, centros nocturnos, arte, espectáculos...”, enfatiza.

La internacionalista menciona además que el problema que atraviesa el Ecuador no es solo interno, porque el crimen organizado que actúa en el país se conforma por gente de otras nacionalidades de América Latina.

“Se evidencia que las agrupaciones delictivas de alta peligrosidad ya están infiltradas en la política ecuatoriana. Entonces, yo creería que a nivel internacional podemos esperar en las próximas horas o en los próximos días surja una reunión, una alianza, un pacto de cooperación entre los países del hemisferio. (...). La infiltración es tan profunda y tienen tanto poder que ya se comienzan a levantar las señales de alerta a nivel regional”, concluye Peláez.

Ubicación

Ecuador está geográficamente localizado entre los dos mayores productores de cocaína del mundo: Colombia y Perú. Eso lo pone en mayor grado de vulnerabilidad.