En ausencia sigue el juzgamiento del exsecretario de Senagua Walter Solís y cinco personas más, por posible peculado, en el pago de honorarios de abogados privados con recursos públicos. En el tercer día de juicio instalado a las 10:00 en la Corte Nacional de Justicia este jueves 1 de octubre, la abogada Gladys Terán, defensora de Marco Rodas, excoordinador Jurídico de Senagua presentó su prueba documental. 

Los procesados fueron investigados por la utilización de recursos públicos que habrían sido parte de una deuda del exCentro de Rehabilitación de Manabí (CRM) con la firma francesa  Ondeo Degremont. Los juzgados, además de Solís y Rodas son dos abogados privados y dos exjueces de Manabí.

Entre otros documentos la defensora adjuntó copia del acta de mediación entre el exCRM y la empresa francesa con los valores establecidos. Además presentó oficios, actas, acuerdos, la acción de personal con la renuncia de Rodas, el registro oficial que contiene el estatuto orgánico de Senagua, una sentencia de la sala de lo Contencioso Tributario, entre otros documentos.

También presentó sus pruebas Jorge Bernal, patrocinado por Freddy Zambrano. Inició con su testimonio. Dijo que el proceso era un atentado a sus derechos. Explicó a los jueces Dilza Muñoz (ponente), Daniella Camacho e Iván León que en los años 90 se construyó en Manabí los proyectos para las plantas de tratamiento Cuatro Esquinas y Ceibal y las líneas de conducción hacia los centros de consumo. Obra que funciona hasta el momento y brinda servicio a la comunidad manabita.

Contó que es uno de los subcontratistas. La recepción de la obra se hizo bajo una liquidación técnica contable y hubo un valor que la Senagua debía pagar a Ondeo Degremont. Indicó que esa obligación no se cumplió. Mencionó que es una persona de avanzada edad y todos sus bienes han sido embargados pero que él ha cumplido con sus obligaciones. Pidió la aplicación de la justicia en el caso

Expuso que los 200.000 dólares que recibió fue como pago de logística que se acordó cuando el exjuez Cristóbal Macías hizo una sugerencia durante una audiencia de conciliación.

Durante su testimonio el exjuez Macías informó al tribunal que aprobó parcialmente el acuerdo de conciliación de 2'450.000 dólares y dispuso al demandado Jorge Maruri, según el acuerdo logrado en la audiencia de conciliación, que no son procedentes los pagos requeridos por los otros demandados. 

Aseguró que nunca dispuso a Senagua que pague a Maruri pero cuando se ejecutorió la sentencia y por insistencia de las partes le tocó oficiar al banco para que le indique si ya se encontraba el dinero.

Manifestó a los jueces que cuatro meses después tuvo que ejecutar la sentencia y ni Senagua, ni la Contraloría, ni la Procuraduría comparecieron al juicio. Solo después que se ejecutó la sentencia y ordenó el pago a Maruri y a Bernal, el director de la Judicatura de Manabí le pidió que haga un informe motivado del proceso.El exjuez se acogió al derecho del silencio y su defensor presentó las pruebas documentales.

José Guerrero abogado de Jorge Maruri explicó que por los proyectos de tratamiento Cuatro Esquinas y Ceibal el Estado adeudó a los constructores más de ocho millones de dólares que derivó en varias acciones judiciales que concluyeron con un acta de mediación suscrita en 2002 entre Senagua, Procuraduría y los constructores. 

En ese acuerdo el Estado se habría comprometido a pagar a los subcontratistas pero luego habría objetado el acta de 2002 con el argumento que faltaban las firmas de la Procuraduría y la Contraloría. Ya en 2007 se habría ratificado el acta de 2002 con las firmas requeridas y en los mismos términos. A pesar de eso, el Estado habría iniciado una acción de lesividad para evitar el pago a los constructores argumentando la nulidad del acta pero, la Corte Nacional en 2012, habría reconocido el derecho de los constructores y ratificado la validez del acta. 

Fue sobre la base de esa acta que se ejecutó el pago, expuso el abogado en un resumen. Lo que correspondía al constructor Bernal, el abogado Maruri pide que se precautelen sus honorarios con una medida cautelar que es concedida por la exjueza Lorena Benalcázar quien dispuso que la parte que debía recibir Bernal se retenga hasta que se resuelva jurídicmente el tema de los honorarios.

El abogado añadió que Solís, a pesar que había solicitado el incremento de la partida presupuestaria al Ministerio de Finanzas, presentó la denuncia que dio origen al caso de peculado. El de peculado no es el único juicio para Solís. El exfuncionario del correísmo ya tiene una sentencia de ocho años de cárcel por cohecho agravado en el caso Sobornos 2012-2016. Además de él fueron condenados el expresidente Rafael Correa, su exvicepresidente Jorge Glas y otras 17 personas. Solís está prófugo en Estados Unidos.