El tiempo empezó a correr. Hasta la tarde de este lunes 27 de marzo de 2023 debería estar listo el proyecto de dictamen de la jueza de la Corte Constitucional (CC), Teresa Nuques, sobre el pedido de juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso.

Según la Ley de Garantías Jurisdiccionales, una vez que el juez recibe el expediente tiene tres días plazo para enviar la propuesta. De ahí, el presidente de la CC, Alí Lozada, cuenta con un plazo de 24 horas para convocar al pleno y dos días más para que se desarrolle la sesión en la que se tomará una resolución.

Si se cumplen estos plazos, el jueves próximo se conocería si los jueces votaron a favor de la admisibilidad del juicio político o si este proceso queda definitivamente archivado. Se requieren, al menos, seis votos de los nueve que hay en la Corte Constitucional. Aunque podría ser antes.

Lozada recordó que si bien Nuques es la ponente de esta causa, es necesario que se conozca que la decisión final le corresponde al pleno de la CC, independientemente de la sugerencia de la jueza.

“Ecuador debe estar absolutamente seguro de que la decisión que la Corte vaya a tomar será estrictamente pegada a la Constitución, será una muestra más de la independencia que caracteriza a la Corte Constitucional y, en este sentido, quisiéramos tener toda la cooperación de los sectores políticos y sociales para que esa independencia pueda ser ejercida sin presiones, con absoluto respeto a la institucionalidad de la Corte”, dijo Lozada el viernes.

Sin embargo, el 25 de marzo integrantes de la Unión Nacional de Educadores (UNE) y otras organizaciones del Frente Popular marcharon hacia la Corte Constitucional, luego de acudir a la Asamblea Nacional, con el objetivo de pedir a los jueces que admitan sí o sí el pedido de juicio político.

También está previsto que el martes 28 de marzo, los integrantes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) se movilicen para presentar una propuesta en la Asamblea y no se descarta que se dirijan a la CC, con el objetivo de ejercer presión para obtener un dictamen favorable para continuar con el juicio político.

El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, dijo tras recibir a los representantes de la UNE que hay que esperar el pronunciamiento de los jueces constitucionales en los seis días que establece la ley y que está en manos de esa entidad tomar una decisión.

“Será la Corte Constitucional la que resuelva. Como demócratas y como jurista seré respetuoso de lo que se resuelva y daremos el trámite que prevea la ley”, señaló Saquicela ante la posibilidad de que se niegue la admisibilidad y el pedido deba ser enviado por el Consejo de Administración Legislativo (CAL) al archivo.

En la misma línea se pronunció ayer Mireya Pazmiño (Pachakutik- Conaie), que es una de los cuatro propuestos como interpelantes para un eventual juicio político. “Es democrático y hay que respetar las decisiones de todas las instituciones, pero no dejemos de lado que hay otras instituciones que están con este proceso de llevar a cabo investigaciones, como el Consejo Nacional Electoral (CNE), está la Contraloría”, señaló Pazmiño, quien recordó que hay otras salidas constitucionales para buscar la destitución de Lasso.