En la Corte Constitucional (CC) concluyó este 30 de octubre de 2020 la audiencia por las demandas de inconstitucionalidad que fueron presentadas en contra de la Ley de Apoyo Humanitario, que fue propuesta por el Ejecutivo y aprobada por la Asamblea Nacional con varios cambios.

La diligencia que estuvo a cargo del juez Alí Lozada se instaló la mañana del jueves 29 de octubre y continuó hasta esta tarde. En las dos jornadas se escuchó a los accionantes de las 18 causas que fueron unificadas por contener similares reclamos.

Entre los que piden la declaratoria de inconstitucionalidad de la normativa, que entró en vigencia en junio pasado, están las centrales sindicales que consideran que es regresiva para los derechos de los trabajadores.

Cuestionan la reducción de la jornada laboral emergente, la obligatoriedad de que todos los trabajadores acaten los acuerdos alcanzados con los empleados si una mayoría así lo decide y, el mecanismo de vacaciones que pueden aplicar las empresas, mientras dure la emergencia sanitaria por el coronavirus.

Uno de los temas que tuvo un amplio debate fue el de la desconexión del teletrabajo. La normativa habla de una desconexión de 12 horas, pero los demandantes recordaron que la jornada laboral en Ecuador es de ocho horas.

Los gremios empresariales, que también demandan la inconstitucionalidad de parte de la Ley Humanitaria, rechazaron que la aplicación de la desvinculación del empleado bajo la figura de caso fortuito o fuerza mayor, solo se la pueda ejecutar con el cese total definitivo de la actividad laboral del empleador.

A esta audiencia también acudieron los abogados del Ministerio del Trabajo, la Presidencia, el Asamblea Nacional y la Procuraduría General del Estado que, en cambio, defendieron la aprobación y aplicación de la ley, bajo el argumento de que no viola derechos, salvó varios empleos y generó otros en plena pandemia.

En total, cerca de 40 actores sociales y sus abogados dieron sus argumentos. A ellos se sumaron unos 30 ciudadanos que se inscribieron como amicus curiae (amigos de la corte) para dar a conocer sus puntos de vista.

En este grupo pretendió intervenir el precandidato a la presidencia por el correísmo, Andrés Arauz, pero su solicitud no fue procesada por la CC. Si participó, vía telemática, el exasambleísta alterno de la revolución ciudadana, Luis Molina Onofa, que a inicios de año se autexilió en México junto a Gabriela Rivadeneira y Soledad Buendía, entre otros.

El juez Lozada dio tres días a los accionantes para legitimar sus intervenciones ante la Corte Constitucional. El magistrado constitucional dijo que oportunamente dará a conocer una sentencia sobre este caso al que calificó como “complejo”.