El tribunal de la Corte Nacional de Justicia, conformado por los jueces Felipe Córdova (ponente), Luis Rivera y Adrián Rojas, escuchó este jueves 20 de mayo a la defensa de Iván Espinel, exministro de Inclusión y otros sentenciados por lavado de activos. La diligencia se instaló a las 09:00 en la Corte.

Vanessa Zabala, abogada de Iván Espinel y de otro sentenciado señaló que su cliente fue fue acusado como autor de lavado de activos y condenado a 10 años de cárcel. La defensora consideró que existió una errónea interpretación del artículo 317 del Código orgánico Integral penal (COIP). 

Mencionó que el tribunal de apelación da por hecho la existencia de activos injustificados en el patrimonio de Espinel pero que no demuestra o da cuenta de una actividad ilícita de donde vinieron los activos.. Para la abogada lo que correspondía en este caso era declarar la inocencia de su defendido. Pidió que se case la sentencia corrigiendo el error de derecho.

En representación de la Fiscalía estuvo Paulina Garcés quien señaló que la defensa de Iván Espinel solamente ha remitido información sobre los hechos y lo que se solicita es una nueva valoración probatoria. Reiteró que los activos no son justificados. 

Para Garcés, si es que existe errónea interpretación y la indebida aplicación de la ley, no se puede sumar las dos causales a una misma norma. Consideró que se evidencia que los argumentos se encuentran explicados plenamente y solicitó que se deseche el recurso.

Michelle Sarmiento, abogada de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) pidió que se inadmita el recurso porque no ha sido debidamente justificado. Aclaró que la de lavado de activos es dar una apariencia de legalidad, perder el rastro y evitar ser detectados por las autoridades. Además dijo que hay dos procesos en instrucción fiscal en contra de espinel por posible peculado y enriquecimiento ilícito.

Añadió que no se demuestra el origen legítimo de los recursos que configuraron el delito penal. El tribunal suspendió la diligencia y convocó a las 16:30 para el anuncio de la resolución. 

Cuatro personas fueron sentenciadas en este caso. Espinel fue considerado autor junto con Wálter Muñoz, mientras María Vera y Juan Carlos Barzola fueron declarados cómplices. Espinel tiene varios informes de responsabilidad penal y patrimoniales no justificados de cuando trabajó en el IESS. 

En el hospital básico de Durán habría firmado 85 contratos. Luego fue funcionario de la Dirección Provincial de Guayas y ahí suscribió 62 contratos por al menos 12 millones de dólares, según la UAFE.

El antecedente del caso es un Reporte de Operaciones Inusuales que la UAFE envió a la Fiscalía por movimientos inusuales e injustificados de Espinel. Se señaló que adquirió un inmueble en 2014 por 520.416,79 dólares pagado entre 2013 y 2014. Habría depositado en efectivo 370.500 y 149.916,79 dólares de préstamo del Biess.

Según la UAFE la declaración en el SRI entre 2010 y 2016 fue de 378.167.91 mientras que sus acreditaciones en el Sistema Financiero ascendieron a 669.560 con una diferencia de 291.392,09, dólares.

La Contraloría informó que las declaraciones patrimoniales de Espinel que presentó como funcionario del IESS no habrían sido justificadas en legal y debida forma.