Treinta y tres investigaciones por delitos de peculado, cohecho, concusión, delincuencia organizada, tráfico de influencias, asociación ilícita y hasta incumplimiento de decisiones de la autoridad competente, ha abierto la Fiscalía por denuncias relacionadas a la compra y venta irregular de insumos médicos, asignación de contratos y otros casos de corrupción en hospitales del país desde que se inició la emergencia sanitaria.

Los casos no son aislados, pues se registran en hospitales públicos de 10 provincias del país. Y aunque se concentran en Guayas (9), Pichincha (8) y Los Ríos (8), han llegado hasta lugares más lejanos como Orellana (1) y Zamora Chinchipe (1), en el Oriente.

Además, en Pichincha, Guayas y Bolívar hay investigaciones que son llevadas directamente por los fiscales provinciales, por la vinculación de funcionarios con fuero de Corte Provincial y un proceso con implicados que tienen fuero de Corte Nacional, del que solo gozan altas autoridades como el presidente, vicepresidente, ministros, asambleístas, consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, entre otros.

El primer caso de corrupción salió a la luz el mismo marzo, cuando en redes sociales se viralizó un contrato para la compra de 131.000 mascarillas N95 del hospital del Seguro Social Teodoro Maldonado Carbo a 12 dólares cada una, cuando el precio en el mercado era de 4 dólares. En el mismo pedido se incluían otros insumos médicos, cuya suma alcanzaba los 10 millones de dólares.

Luego se supo de las fundas de cadáveres con sobreprecio en el hospital IESS Los Ceibos (caso en el que está involucrado Daniel Salcedo) y más insumos en el Guasmo Sur. Y, tras la creación e la Fuerza de Tarea, se realizaron allanamientos en hospitales de Quito y varias ciudades de Los Ríos.

Sin embargo, pese a las múltiples diligencias y decomisos, solo 5 de estas 33 investigaciones están en etapa de instrucción fiscal, y todas las demás siguen en investigación previa.

Los casos de Los Ríos están en esta primera etapa, según cuestiona Javier Cuadro, coordinador de la Comisión Anticorrupción Núcleo Los Ríos.

“Nosotros hemos denunciado que lo único que pasó aquí fue un simulacro de investigación, pues luego de los allanamientos no hemos conocido nada sobre diligencias o llamamientos relacionados a esos casos de corrupción”, señala.

Cuadro asegura que siguen dentro de los hospitales las redes que hicieron compras con sobreprecio o que asignaron contratos a personas naturales o empresas que no estaban autorizadas para vender los insumos. Y que han estado ahí desde que se gestó “el reparto”.

“Aquí también hemos pedido que se investigue a varios funcionarios y asambleístas que conocemos que manejan estos centros médicos, pero no ha pasado nada”, lamenta.

En Los Ríos, la Fuerza de Tarea también allanó las oficinas de distritos de salud de seis cantones.

Ante la falta de respuestas, la comisión provincial ha pedido que cambien al fiscal provincial y al representante de la Contraloría. “Los organismos de control no funcionan, se allanaron los hospitales después de un pedido del exgobernador Camilo Salinas”.

Azuay, Cañar, El Oro y Tungurahua son las otras provincias donde se han abierto solo una o dos investigaciones por casos de corrupción en hospitales. Una de las más recientes fue en Azuay, donde el 30 de octubre se incautaron más de 30 cajas de insumos en un hospital del IESS, como parte de la instrucción fiscal por una presunta asociación ilícita para la adquisición irregular de mascarillas y otros productos durante la emergencia sanitaria.

EN DETALLE

Denuncias. Desde la Comisión Nacional Anticorrupción se asegura que las denuncias por sobreprecios en compras en hospitales se venían realizado desde 2018.

Cadáveres. En abril, la Fiscalía anunció la apertura de una investigación por concusión en contra de tres funcionarios del hospital Guasmo Sur, por cobros por la entrega de cuerpos.