Correísmo arremete por Progen: "Es una maniobra para proteger a altos funcionarios"

La disputa por el control de la fiscalización del caso Progen en la Asamblea promete no terminar pronto. El 19 de junio de 2025, el bloque correísta arremetió contra la presidenta de la Comisión de Transparencia, Diana Jácome (ADN), luego de que esta afirmara que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) le había otorgado a su mesa de manera “oficial y exclusiva” el seguimiento del caso.

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En un comunicado fechado el 17 de junio, Jácome sostuvo: “Mediante Resolución CAL-RVVR-2023-2025-0279, del 22 de abril de 2025, el CAL dispuso que sea la Comisión de Transparencia la encargada de conocer y dar trámite al caso”.

No obstante, ese argumento fue cuestionado por la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), que en otro comunicado calificó como falsa la afirmación de la legisladora.

“Dicha resolución, emitida durante la anterior Asamblea, únicamente remitió a la Comisión de Transparencia un pedido de información hecho por nuestro asambleísta Lenin Barreto, ya que el Ministerio correspondiente no respondió en su momento”, se lee en el pronunciamiento del bloque.

La resolución mencionada por el correísmo consta en el sistema legislativo y tiene como propósito “remitir la documentación relacionada con el requerimiento de información del asambleísta Lenin Barreto Zambrano”.

¿Qué dice la resolución que origina el conflicto?

El documento, con fecha 22 de abril de 2025, fue emitido durante la presidencia legislativa de Viviana Veloz. En él se detalla que el pedido de información hecho al Ministerio de Energía por el legislador Barreto debía ser enviado a la Comisión de Transparencia “para el trámite establecido en el artículo 75 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa”.

Ese artículo regula los pedidos de información que los asambleístas pueden realizar a entidades estatales como parte de sus labores de fiscalización. En caso de que una entidad, por ejemplo un ministerio, no responda al requerimiento, se debe notificar al presidente de la Asamblea.

Posteriormente, el CAL debe remitir el caso a una comisión especializada, la cual tiene la facultad de convocar al funcionario responsable. Si dicho funcionario no comparece, eso se considera causal para iniciar un juicio político.

Desde RC se argumenta que dicho proceso ya habría concluido. “Según la ley, en estos casos una comisión puede canalizar la solicitud. Este trámite concluyó cuando el Ministerio finalmente entregó la información requerida”, señala el comunicado de la bancada.

Entonces, el correísmo acusó a Jácome de llevar adelante una maniobra para evitar la fiscalización. "Su posición no es más que una maniobra para impedir la fiscalización y proteger de un serio proceso a altos funcionarios del Gobierno", señaló esa bancada.  

¿Qué dice Diana Jácome?

El 18 de junio de 2025, Diana Jácome reiteró que su comisión es la encargada de liderar la fiscalización del caso. “Cuando una comisión conoce un proceso de fiscalización, se debe respetar ese tratamiento. Otra comisión no puede intervenir en el mismo tema”, afirmó.

Agregó además que ya ha recibido la información correspondiente y que esta se encuentra en análisis. También anunció que se establecerá un cronograma de comparecencias de las autoridades involucradas para continuar con el proceso.

La pugna surgió después de que la Comisión de Garantías Constitucionales —donde el correísmo tiene influencia— propusiera fiscalizar los contratos firmados con la empresa Progen, relacionados con la generación eléctrica en el país.

Cabe recordar que el conflicto entre el Gobierno ecuatoriano y Progen escaló hasta llegar a instancias de arbitraje internacional, a raíz de la notificación de terminación unilateral de sus contratos para generar 150 MW en las plantas de Quevedo y Salitral.

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