Con respaldo de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), Pamela Aguirre, presidenta de la Comisión de Fiscalización, anunció este 12 de marzo de 2024 que la mesa legislativa iniciará "un proceso de fiscalización profundo al reparto de la justicia".

Mientras la bancada de Construye por su lado intenta que se apruebe una resolución de respaldo del Pleno al trabajo de la Fiscalía tras el caso Purga, Aguirre dijo que ese caso es solo el inicio de un "reparto permanente de la justicia desde que el Consejo de Participación Ciudadana de Julio César Trujillo (+) nombró a los vocales de la Judicatura. Vocales actualmente presos, con llamamiento a juicio, que no se encargaron de hacer evaluaciones a los fiscales y jueces".

Agregó que la exdirectora de la Judicatura del Guayas, María Josefa Coronel, fue denunciada por el exprocurador general del Estado por supuestamente "meterle la mano a la justicia, por ejemplo en el caso Isaías". Cree que Coronel debe ser llamada por la Fiscalía para que declare. La exfuncionaria no compareció ante la convocatoria de Fiscalización por sus declaraciones relacionadas a la supuesta vinculación del exlegislador socialcristiano Pablo Muentes en el caso Purga.

Aguirre señaló que como parte del proceso de fiscalización se pedirá a la Contraloría y a la Unidad de Análisis Financiero y Económico "un análisis exhaustivo de todas las direcciones de la Judicatura del país" para conocer los patrimonios de las personas que estuvieron en funciones. Lo mismo para jueces y fiscales a nivel nacional.

"Que caiga quien caiga", sostuvo Aguirre al mencionar que entre los convocados a comparecer estarán Álvaro Román, actual presidente de la Judicatura, otros directores provinciales de dicha institución, presidentes y expresidentes de las Cortes Provinciales de Justicia.

El exlegislador del correísmo Ronny Aleaga es uno de los mencionados en el caso Metástasis, del que se deriva Purga. El legislador Leonardo Berrezueta, de la RC, dijo que el objetivo de la fiscalización es que se establezcan las responsabilidades políticas y administrativas de funcionarios y exfuncionarios que tengan relación con ambos casos, como Muentes e incluso Aleaga. "Tendrán que comaprece vía Zoom".

Solicitó a Fiscalización que "todos los exlegisladores del partido que sean y de la bandera política que tengan sean investigados en este proceso" en un plazo de entre 30 y 60 días. Así, según Berrezueta, se busca contar con informes para presentar al Pleno de la Asamblea y que allí se determinen responsabilidades políticas y administrativas de quienes usando su calidad de legisladores se beneficiaron o beneficiaron a terceros al influir en sentencias.

Berrezueta pidió ser parte de la Comisión para el proceso con voz pero sin voto.

Reacciones

Desde Construye, Jorge Peñafiel, rechazó ese proceso de fiscalización. Dijo que el objetivo político de la RC es "distraer el trabajo claro y positivo que viene realizando la fiscal".

Observó que el correísmo pretende revivir espacios donde se generen diferentes narrativas para distraer la versión oficial de la Fiscalía. "En la Fiscalía se están determinando los culpables de varios delitos que están aparentemente conectados".

Señaló que por eso la RC está dispuesta a llamar a comparecer a Alega, para generar una mínima legitimidad.

Por su parte, Johnny Terán, del Partido Social Cristiano, dijo que su bancada apoya el trabajo de la fiscal y respaldará la iniciativa de Construye. Terán también está de acuerdo con que Fiscalización investigue a exasambleístas.

Ramiro Vela, aliado de ADN, cree que los respaldos como el que plantea Construye son un "circo".

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