No todos los gastos van a la emergencia sanitaria provocada por la propagación del coronavirus. Las entidades públicas siguen con sus operaciones por fuera de la pandemia y sellan contratos considerables. Según el portal del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), municipios, prefecturas juntas parroquiales, empresas públicas, ministerios, secretarías, agencias, servicios y otros entes estatales iniciaron 318 procesos de contratación especial. Es decir, con controles más ligeros y con oferentes limitados. Ninguno de dichos procesos está dentro de la declaratoria de emergencia que decretó el gobierno de Lenín Moreno. 

Desde el 13 de marzo hay una serie de transacciones que se están concretando en el sector público. Bajo Régimen Especial, por ejemplo, la Presidencia de la República firmó un contrato con Seguros Sucre por 236.499 dólares para asegurar todos los bienes de la entidad. 

Esa adjudicación llama la atención porque desde 2018, el gobierno ordenó que la contratación de seguros para las entidades públicas se haga con varios oferentes y no necesariamente solo con Seguros Sucre. Esta empresa está conformada por capital estatal y hasta ese año acaparaba los seguros del Ejecutivo. 

El contrato, adjudicado el martes 31 de marzo de 2020, tiene un año de duración.

La Presidencia, sin embargo, no es la única entidad que recurre al régimen especial para firmar contratos en medio de la emergencia sanitaria. Petroamazonas, la Corte Constitucional, CNT, el Servicio Ecu911, entre otros, están en la lista de contratistas. 

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), por ejemplo, está por entregar 2,6 millones de dólares a una empresa que pueda actualizar y dar mantenimiento a su plataforma de contact center. Es precisamente esa plataforma la que sirve para brindar el servicio de telemedicina 171.