En el inicio de la quinta semana de la emergencia sanitaria por el coronavirus, dos fiscales fueron suspendidos por el Consejo de la Judicatura. La decisión la adoptó la presidenta del organismo, María del Carmen Maldonado, quien dictó la medida cautelar de suspensión en el ejercicio de sus funciones. 

La medida está está contemplada en el artículo 269 numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial y el artículo 48 de la Codificación del Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Disciplinaria del Consejo de la Judicatura, y puede durar hasta 90 días. El Consejo informó que los suspendidos son dos agentes fiscales de Imbabura. Se trata de Andrés Jaramillo y Sandra Quinteros.

La Judicatura indicó que, según un informe remitido por la Dirección Provincial de Imbabura, el fiscal Jaramillo "en compañía de otros ciudadanos, habría incurrido en supuestas faltas disciplinarias". El funcionario además fue señalado por estar inmerso en presuntos delitos, de intimidación y tenencia de armas. 

Según un comunicado emitido por el Consejo, el director Provincial de Imbabura y la Fiscalía solicitaron a la presidenta del organismo que emita la medida cautelar de suspensión en contra de los servidores por tratarse de un caso de conmoción social y por existir un presunto cometimiento de infracciones disciplinarias. 

Según el comunicado se verificó el cumplimiento de los requisitos de gravedad y urgencia para suspender temporalmente a los funcionarios y "de esta manera prevenir que se lleguen a producir daños graves en la prestación del servicio de justicia". El pleno del organismo será el que resuelva la situación disciplinaria de los fiscales.

Según información difundida por un medio de comunicación de Ibarra, el 14 de abril tres personas fueron detenidas, entre ellas el fiscal Jaramillo. Fueron señaladas por supuestamente estar inmersos en un altercado y una presunta amenaza con arma de fuego a tres trabajadoras sexuales, cuyos servicios habrían solicitado en un centro e tolerancia, según la información recogida en el parte policial. 

En la audiencia de formulación de cargos, que se realizó el 15 de abril al medio día en Ibarra, la fiscal Quinteros informó al juez que decide mantener el caso en investigación previa. La decisión de la fiscal no recibió la oposición del defensor público de la víctima ni de los aprehendidos, se recoge en el acta de la audiencia. El juez decidió enviar, de manera urgente, el proceso a la Fiscalía correspondiente, para que siga con las investigaciones del caso. Además, dispuso la inmediata libertad de los ciudadanos. 

La Judicatura reiteró que permanecerá vigilante de las actuaciones de todos los integrantes de la Función Judicial y ejercerá su potestad disciplinaria en el marco de la ley y el debido proceso, en los casos en los que se compruebe una inadecuada actuación.