Es un intento para evitar la corrupción, o al menos eso parece. El anuncio gubernamental de realizar compras de medicamentos unificadas supone la eliminación de procesos dispersos con sobreprecios y con un alto desperdicio de recursos públicos. El paso, aunque importante, no es el único que se debe dar para evitar anomalías. Sobre todo, en medio de una emergencia.

La creación de un sistema que haga la compra única de medicamentos para todo el Estado supone un ahorro de más de 400 millones de dólares para el país. EXPRESO publicó, en febrero, que permitir que cada casa de salud y hospital haga sus propias adquisiciones elevaba los costos de los fármacos y permitía negociados dentro de las dependencias del Ministerio de Salud y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

La razón es simple. Resulta más económico si se compra una mayor cantidad de medicinas para cientos de hospitales en lugar de que sea para uno solo. Además, si existe una bodega única desde donde se distribuyan los productos a todo el país, se puede tener mayor control de lo que sale y lo que ingresa para evitar compras innecesarias y no correr el riesgo de almacenar artículos caducados. Actualmente cada hospital tiene bodegas que, en la mayoría de los casos y según lo identificado por la Contraloría General del Estado, carecen de controles estrictos.

En ese sentido, la solución presentada el martes por el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) es útil. Sin embargo, hay temas por corregir para evitar las compras con sobreprecios que se evidencian en la actual emergencia derivada por la propagación del coronavirus.

Las compras de emergencia, al menos en dos casos recientes, evidencian irregularidades. En octubre, por ejemplo, ya saltaron novedades. Durante las protestas violentas de ese mes, varias entidades se acogieron a la emergencia para hacer adquisiciones luego de los daños causados. Todos reportaron sus gastos, menos la Asamblea Nacional.

Aunque el periodo para las compras de emergencia finalizó en enero de este año, hasta la fecha el Legislativo no entrega su reporte de gastos. No se sabe cuánto ni a quién le entregó dinero para hacer compras de equipos físicos y de implementos de software.

En abril de 2016, durante el gobierno del expresidente Rafael Correa, la situación fue peor. La emergencia del terremoto estuvo llena de procesos que ahora son investigados por la Contraloría General.

No se reportaron ingresos. Tampoco se detallaron los gastos y hasta desaparecieron las donaciones hechas por organismos internacionales. Todo porque la ley de contratación pública no establece límites claros para la presentación de los gastos realizados durante una emergencia.