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El pasado 16 de enero de 2025 se realizó el operativo del caso Fachada.@FiscaliaEcuador

Consejo de la Judicatura suspende a tres jueces investigados por el caso Fachada

Después de cuatro meses de estar señalados en una investigación de Fiscalía, la Judicatura toma una postura sobre los jueces

El Consejo de la Judicatura suspendió por 90 días a tres jueces señalados en el denominado caso Fachada, una investigación sobre su presunta participación en un esquema para favorecer judicialmente a miembros de la organización criminal Comandos de la Frontera.

La decisión se adoptó en la sesión plenaria realizada este jueves 12 de junio de 2025.

Los jueces Cristian Quito Carpio, Jairo García Mosquera y Gabriela Lara, de la Unidad Judicial Especializada para el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado, no recibirán sueldo durante el período de suspensión.

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La Fiscalía investiga si los tres funcionarios habrían actuado de forma coordinada para modificar y favorecer la situación legal de dos hijos del líder de los Comandos de la Frontera. Este grupo criminal transnacional opera en la frontera norte y está vinculado con delitos como narcotráfico, sicariato y lavado de activos. Además, a este grupo, lasautoridades de seguridad han atribuido el asesinato de 11 militares en un operativo contra la minería ilegal en el Alto Punino, en Napo.

El 16 de enero de 2025, se ejecutaron allanamientos simultáneos en contra de los jueces, durante los cuales se incautaron documentos, teléfonos celulares, equipos informáticos y grandes cantidades de dinero en efectivo.

Consejo de la Judicatura tramita sumario disciplinario

Tras conocer estos hechos, la Judicatura permitió que los jueces investigados sigan en su cargo durante cuatro meses. Recién el 14 de abril la Dirección Provincial del CJ en Pichincha solicitó al Pleno la suspensión de los magistrados, medida que finalmente fue aprobada.

Los funcionarios son señalados por incurrir en una falta gravísima, tipificada en el artículo 109, numeral 11, del Código Orgánico de la Función Judicial: “solicitar o recibir dinero, bienes, favores o servicios que pongan en tela de juicio la imparcialidad del servidor judicial”.

El Pleno del Consejo de la Judicatura también ordenó a su Dirección Provincial continuar con el proceso disciplinario correspondiente, mientras avanza la investigación a cargo de la Fiscalía.

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