Concejales que apoyaron la remoción de Jorge Yunda de la Alcaldía, el pasado 3 de junio, fueron al Complejo Judicial Norte a insistir en la revocatoria de las medidas cautelares otorgadas por el juez civil Carlos Soto al removido funcionario. Soto es uno de los seis investigados desde la semana pasada por supuestas irregularidades relacionadas con la concesión del recurso y con la aceptación parcial de la acción de protección de parte de la suspendida jueza María Belén Domínguez.

La Judicatura detectó que en el primer caso la acción que presentó al defensa de Yunda se ingresó como un juicio verbal sumario por el cobro de honorarios y se dirigió al juez Soto sin sorteo y en el caso de Domínguez se presentó como un caso de violencia. Por eso, ambos jueces están suspendidos y se designó a otros en su reemplazo.

Este martes 13 de julio los ediles, encabezados por el vicealcalde Santiago Guarderas presentaron un escrito insistiendo em el despacho de su pedido por considerar que las medidas otorgadas son "inconstitucionales e ilegítimas y están causando grave perjuicio" a la ciudad.

Desde la remoción de Yunda ha pasado un mes y 10 días en que hay una paralización en el Municipio y, según Guarderas, una desinstitucionalización que impide empezar con el trabajo serio y la solución a los graves problemas de la capital.

Yunda ha convocado al menos a tres reuniones del Concejo Municipal y ninguna a contado con quórum para su instalación. La última fue para este martes a las 09:00, a la misma hora en la que los concejales se juntaron en el Complejo Judicial Norte. La sesión no se instaló. Para el vicealcalde, la convocatoria a sesión efectuada por Yunda es ilegítima porque él ya está fuera del cargo con una resolución en firme avalada por el Tribunal Contencioso Electoral.

El concejal Fernando Morales coincidió que al ser removido Yunda ya no puede hacer convocatorias a sesiones. El pedido es que los jueces actúen con el pedido de revocatoria con la misma celeridad con la que concedieron las medidas al removido funcionario. Cuestionó que Yunda se aferra al cargo por "poder pagar contratos, esos acuerdos o convenios que tiene con empresas que tienen informes de responsabilidad de la Contraloría"