“El pueblo me puso, que el pueblo disponga”. Con estas palabras Jorge Yunda Machado justificó nuevamente ayer su afán de sostenerse en el cargo de alcalde de Quito del que fue removido por el Concejo Metropolitano, decisión ratificada por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

Por el pueblo, se refiere a los dos de cada diez quiteños que votaron por él en las elecciones seccionales de 2019. Asegura que por ellos continuará aferrándose e interponiendo recursos para retrasar la transición, aunque podría haber motivos aún de más peso.

Para comenzar, la capital maneja los presupuestos anuales más altos del país que antes de la pandemia de la COVID-19 superaban los mil millones de dólares. Para 2021, la Alcaldía de Quito cuenta con un presupuesto codificado de 757,28 millones de dólares. Una cifra nada despreciable, teniendo en cuenta la crisis que atraviesa el Ecuador.

De igual manera, la capital, hace tres años, es la ciudad con más pobladores y con más votantes, lo que la hace atractiva para cualquier actor u organización política que tenga aspiraciones en el futuro cercano y qué mejor tener como vitrina a Quito.

Yunda había asegurado que acataría el pronunciamiento de los jueces electorales, quienes manifestaron que no se habían encontrado irregularidades en el proceso de remoción. Sin embargo, de un momento a otro cambió de opinión y decidió acudir a varias instancias legales para cuestionar esta decisión.

El académico y analista político Arturo Moscoso considera que no sería extraño que otros actores interesados estén aupando a Yunda para que haga lo posible por quedarse con el control de la capital porque, además de ser estratégica, puede incidir con lo que suceda con el Gobierno central.

Eso quedó demostrado en las violentas manifestaciones de octubre de 2019, cuando varios grupos lograron ingresar y permanecer en la ciudad por casi dos semanas. Varios sectores han acusado a Yunda de haber actuado de manera tibia durante las protestas, de no haber defendido la ciudad y beneficiar a un sector interesado.

“Políticamente, la ciudad es estratégica porque de haber una situación de contraposición con el Gobierno siempre habrá el peso de ser el alcalde de Quito. No olvidemos que varios candidatos a la Presidencia han salido desde la Alcaldía y habrá cálculos en ese sentido”, señaló Moscoso.

En eso coincide Jéssica Jaramillo, abogada e impulsora del pedido de remoción a Yunda. Sin embargo, la jurista está convencida de que la mayor razón por la que Yunda lucha para quedarse con el cargo es que si pierde “la trinchera de la Alcaldía” sucedería que se le van a cambiar las medidas cautelares en el proceso judicial que se sigue en su contra por la compra de pruebas para detectar la COVID-19 y perdería el poder para influir en el sistema de justicia como, al parecer, ha sucedido hasta ahora.