Las compras del Estado caen en $ 4.000 millones en tres anos

Las compras públicas siguen en declive, afectadas por la presión del gasto fiscal. Desde 2013, el Estado destina cada vez menos recursos a la adquisición de obras, bienes y servicios.

Si en ese año, las entidades públicas invirtieron $ 10.842’826.619 para las contrataciones, lo adjudicado en 2016 llegó a $ 6.813’681.569, lo que evidencia una caída de $ 4.029’145.050 (ver infografía).

Ese decrecimiento del 37,1 % se constata examinando las cifras que reporta el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) en su último informe de rendición de cuentas.

El impacto también se advierte en el peso sobre la economía. El gasto en contrataciones de 2013 significó el 11,5 % del Producto Interno Bruto (PIB) y representó el 33,5 % del Presupuesto General del Estado (PGE) de ese año. En cambio, las adquisiciones públicas de 2016 comprometieron el 6 % del PIB y el 23 % del PGE.

Las consultorías (-90,8 %), compra de bienes (-61,7 %) y contrataciones de obras (-27,6) son los rubros que más sintieron la contracción en estos últimos tres años.

Una excepción se da con los servicios, cuyos montos de contratación pasaron de $ 40,1 millones en 2013, a $ 2.220 millones en el año anterior.

Pero en forma general, la tendencia decreciente continúa en el presente año. El bajón llega al 42,6 % si se comparan las compras públicas del primer trimestre ($ 1.154’270.000) frente a las del mismo período de 2016.

Este Diario buscó un pronunciamiento del Ministerio Coordinador de Política Económica y de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), pero esas entidades, a través de sus direcciones de Comunicación, mencionaron que no era tema de su competencia.

Consultados por EXPRESO, dos analistas económicos dan su particular visión sobre el escenario de las compras estatales en el Ecuador.

Pablo Dávalos, economista y catedrático universitario, estima que la falta de liquidez del fisco, experimentada sobre todo desde 2014, ha incidido en el desplome de la contratación pública. “Fue el año cuando empezaron a caer los precios del petróleo y el Gobierno no tuvo la posibilidad de afrontar la misma estrategia de gastos”, explica.

Un descenso en las compras del Estado, según Dávalos, tiene efectos recesivos en la economía y produce un fenómeno llamado disminución de la demanda agregada interna. “Ese dinero que va a contratistas, consultores, etc., significa inyección de liquidez. Al caer la demanda, hay una merma en los ingresos y una reducción del empleo”, ilustra.

En contraste, Fausto Ortiz, exministro de Finanzas, marca diferencias entre compra pública y obra pública, y opina que sería un error llegar a estimaciones de impacto en el crecimiento económico a partir de la contratación estatal.

Dice que lo adecuado sería hacerlo a través de la Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF), que corresponde a la inversión de un país, representada por el total de adquisiciones públicas y privadas menos la venta de activos fijos, en un tiempo determinado.

“Las cifras de las compras públicas deberían ser analizadas en esa dimensión, exclusivamente como mecanismo facilitador de transacciones que permitan eficiencia en determinadas adquisiciones, pero no como indicador de crecimiento económico”, define Ortiz.

El Seguro hizo las mayores contrataciones en 2016

Dos empresas estatales chinas son las contratistas en dos procesos que llevó el IESS, que implicaron ser los de mayor monto de participación en 2016, según reportes del Sercop.

Sinohydro Corporation Limited (como integrante del consorcio NHG) y China Railway First Group (como parte del consorcio NHQ) fueron las adjudicatarias de la construcción de los hospitales de Los Ceibos, en Guayaquil ($ 234,11 millones), y el del sur de Quito ($ 206,61 millones).

Asimismo, Petroecuador lidera el ranquin de los mayores contratantes del año, con un total de $ 930 millones adjudicados. El proveedor con el mayor monto adjudicado fue la empresa Sicpa Security Solutions S.A, que suscribió un contrato con el SRI por $ 72,67 millones para la implementación de un sistema de rastreo y trazabilidad fiscal para bebidas alcohólicas y cigarrillos.