El fiscal de Pichincha Alberto Santillán inició con sus alegatos de apertura en el juicio que por posible peculado en la compra de pruebas PCR para la Secretaría de Salud del Municipio de Quito se siguió en contra del alcalde en disputa, Jorge Yunda y otros 13 procesados.

Ofreció probar la responsabilidad de los sospechosos en el delito que se investigó por parte de la Fiscalía. Para ello utilizará más de 100 testigos, peritos y pruebas documentales que se presentarán hasta la siguiente semana. En total el juicio durará un mes con 22 días hábiles de audiencia.

La audiencia se instaló pasadas las 09:30 en el piso 11 del Complejo Judicial norte de Quito tras la constatación de la asistencia de los enjuiciados y sus defensores. Hasta cuatro abogados defiende a cada uno de los sospechosos. Por eso, en la sala se concentraron casi un centenar de personas, entre procesados y sus defensores.

Yunda llegó dos veces a la sala de audiencia. En la primera oportunidad avanzó hasta la puerta del auditorio, habló con sus abogados, luego tomó el ascensor, salió a la calle, tomó el primer taxi que encontró y se fue diciendo que en la diligencia quedaban sus defensores.

Pocos minutos después, ya cerca de la instalación del juzgamiento apareció y se colocó en un extremo de la sala de audiencia hasta que la secretaria de la Sala Penal lo acomodó junto a cuatro de sus defensores.

Previo a la instalación de la diligencia el tribunal, presidido por Wilson Lema resolvió un pedido del abogado Felipe Rodríguez, quien defiende a Juan Vinelli. Él hizo caer en cuenta a los jueces que en la audiencia se presentó una situación. Su testigo Carlos Carrasco había asumido la defensa del procesado Diego Salazar. Pidió al tribunal que resuelva si primero daba su testimonio antes que cualquier otro testigo y luego se incorporaba como defensor o la alternativa que debía ocurrir.

Después de unos 20 minutos de análisis el tribunal concluyó que Carrasco no podía asumir como abogado porque su escrito se había presentado a última hora cuando el juicio se convocó casi con dos meses de antelación. El actuar fue considerado como falta de ética del procesado y su nuevo patrocinador. Considerando que el sospechoso tenía dos abogados, los jueces invitaron a Carrasco a que abandone la sala de audiencias.

De inmediato la secretaria leyó los fundamentos del llamado a juicio. Entre otras razones porque se habían comprado pruebas PCR para detectar COVID, pero se entregaron pruebas LAMP con baja sensibilidad para detectar el virus y que hubo actuaciones poco adecuadas de los funcionarios durante la pandemia.

Los procesados son el alcalde Yunda como autor mediato, su exsecretario Lenín Mantilla como autor directo, Juan Vinelli también como autor directo. Los demás procesados fueron llamados a juicio como coautores. Yunda insistió que no actuó de mala fe y que espera que se haga justicia.

El tribunal garantizó que se observarán en el juicio los principios, garantías y derechos a la defensa.