La Comisión del Derecho a la Salud y Deporte aprobó el 16 de marzo de 2024 el informe preliminar de fiscalización sobre la contaminación de alimentos con plomo.

Con cinco votos a favor y cuatro abstenciones, la Comisión aprobó la moción presentada por el legislador Geovanny Benítez para incluir las observaciones que se generaron en la sesión para la aprobación del informe. El 5 de marzo el Pleno de la Asamblea Nacional otorgó 10 días de plazo para que la mesa legislativa emita el informe.

Antes de aprobar el informe preliminar, el legislador Camilo Salinas presentó una moción de conclusiones y recomendaciones. Allí se solicitó que, dada la complejidad y la cantidad de información a analizar, el Pleno de la Asamblea autorice presentar el informe final dentro del plazo de 30 días, contados desde la fecha que el Pleno avoque conocimiento del informe preliminar. "Estamos comprometidos a utilizar este tiempo adicional de manera eficiente y efectiva para garantizar la calidad y la precisión del informe final", señaló Salinas en la moción que fue aprobada con 7 votos afirmativos.

Una de las conclusiones del informe señala que el laboratorio de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) no cuenta con la capacidad instalada para procesar el nivel de muestras de todos los productos que debe analizar la Agencia, por lo que cuenta con la externalización de este servicio para ajustar el nivel de análisis de muestras necesarias para cotejar y encontrar contaminación con plomo en alimentos procesados.

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Entre las conclusiones de Salinas, incluidas en el informe, es que hasta la fecha de elaboración del informe preliminar, pese a las gestiones realizadas por la Comisión, "no se evidencia que la entidad rectora de la Salud Púbica del Ecuador haya realizado algún tipo de vigilancia epidemiológica, seguimiento, y tratamiento a pacientes investigados e identificados por contaminación por plomo u otros metales pesados en el territorio ecuatoriano".

Entre las recomendaciones aprobadas, que fueron presentadas por Benítez, consta:

- Solicitar a la Contraloría General del Estado que realice una auditoria de gestión a la ARCSA, para que examine su desempeño, su control interno, su nivel de ejecución de programas y proyectos, bajo los principios y criterios de economía, efectividad y eficiencia. Una vez realizada la auditoría, instar a que la Dirección de la ARCSA realice un profundo proceso de reingeniería.

- Enviar el Informe a la Fiscalía General del Estado, a fin de que inicie la instrucción fiscal por el posible cometimiento del delito de contaminación de sustancias destinadas al consumo humano, de acuerdo con el artículo 216 del Código Orgánico Integral Penal, y por la posible presencia de una red de corrupción al interior de la ARCSA.

- Motivar a que el Ministerio de Producción , en coordinación con la ARCSA, una vez que se retiren los productos contaminados, trabajen en una campaña de recuperación de la confianza en los productores ecuatorianos, a nivel nacional e internacional.

- Instar al presidente Daniel Noboa y al ministro de Saludpara que declaren la emergencia sanitaria, para que se cuantifique el porcentaje de la población con alto contenido de metales pesados en su organismo, iniciando por los niños.

- Instar al Ministerio de Agricultura y a Agrocalidad que implementen acciones para identificar productos, lugares en dónde se producen y las causas de la contaminación con metales pesados, a fin de implementar acciones preventivas y correctivas.

Ferdinand Álvarez votó en contra de aprobar el informe preliminar. Dijo que al tratarse de un documento altamente técnico mal podrían los legisladores emitir juicios de valor respecto a algo de lo que aún les falta informe y que, a su criterio, "las conclusiones no guardan concordancia con las recomendaciones".

A pesar de que se aprobó solicitar el plazo de 30 días, Benítez espera que si el Pleno lo acoge, la Comisión pueda emitir el informe final en una semana.

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