Con nueve votos a favor, dos en contra y una abstención, el pleno de la Comisión de Fiscalización resolvió archivar las solicitudes de juicio político presentado en contra de la Ministra de Gobierno, María Paula Romo, a quien acusaban de incumplimiento de funciones los asambleístas Lourdes Cuesta (Ind), Roberto Gómez (CREO) y Amapola Naranjo (RC).

La decisión se la tomó sobra la base del informe presentado por la presidencia de la Mesa, en el cual separa cada una de las acusaciones en contra de la funcionaria y hace referencia a las acciones que se ha tomado en cada caso por parte del Ministerio de Gobierno.

Respecto de los femicidios ocurridos en el país y en especial el sucedido en Imbabura, la Comisión concluye que la problemática de la violencia contra la mujer es un conflicto estructural que debe ser enfrentado desde diferentes ámbitos de la gestión pública, involucrando a todas las Funciones del Estado, niveles de Gobierno y a la sociedad civil, es decir, “no es una responsabilidad exclusiva del Ministerio de Gobierno, sino que es compartida, , de conformidad a las competencias respectivas”.

“Respecto al femicidio en la provincia de Imbabura, si bien causo conmoción social por su difusión en redes sociales, la forma en que concluyó no puede ser atribuida como responsabilidad de la jefatura del Ministerio de Gobierno”, señala el documento.

En la acusación sobre la crisis carcelaria, la Comisión de Fiscalización deja en claro que el sistema penitenciario del país no está a cargo del Ministerio de Gobierno, sino que está bajo el control supervisión del Servicio Nacional de Atención Integral de Personas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAT).

Sobre la utilización del helicóptero policial por parte de la Ministra Romo, en el que estuvo acompañada por el exsecretario Anticorrupción, Iván Granda para trasladarse de Salinas a Esmeraldas se concluye que el avión es una aeronave multipropósito y, entre sus diferentes servicios a prestar, “se incluye el traslado de autoridades y la seguridad a dignatarios.

Los asambleístas que se pronunciaron a favor del archivo fueron los oficialistas Daniel Mendoza, Fausto Terán, Karina Arteaga, Johanna Cedeño, Michel Doumet, Alberto Arias; Silvia Vera y Luis Pachala de CREO, y Jimmy Candel (BIN). Eliseo Azuero (BADI) se abstuvo, mientras la correísta Carmen Rivadeneira y el socialcristiano Luis Nuñez, alterno de Ramón Terán, votaron en contra.

La reacción por parte del asambleísta de CREO, Roberto Gómez, no se hizo esperar. Anunció que nuevamente presentará una solicitud de interpelación en contra de María Paula Romo, en esta ocasión acusándole de incumplimiento de funciones durante el paro de octubre. Según el legislador, la Ministra reconoció el uso de bombas lacrimógenas caducadas, el abuso de la fuerza y por los ataques con gases lacrimógenos a los centros de acogida.