Los quieren hostigar. La comisión ciudadana de selección del concurso de contralor rechazó este 22 de agosto un nuevo intento de intimidación por parte del Consejo de Participación y Control Social (CPCCS). Es la segunda denuncia que hace el cuerpo colegiado.

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En la sesión extraordinaria 12 de la comisión, su presidente, Marco Chalco, dio lectura de la resolución del pleno del Consejo de Participación del 16 de agosto donde se dispone remitir un oficio a la Fiscalía General del Estado para que se inicie un investigación en contra de dos comisionados del concurso de contralor.

La misma, según señaló el comisionado Lenin Uquillas, responde a la apelación y acusación hecha por el postulante del concurso Juan Falconí Puig sobre que la anterior presidenta de la comisión, Janeth Ojeda, y el anterior secretario y representante del Ejecutivo, Jhossueth Almeida, habrían cometido falsificación de documentos y fraude procesal.

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¿Por qué? Según continúa Uquillas, la inconformidad de Puig surgió cuando solicitó un oficio que no se le pudo ser entregado porque "contenía información de 103 postulantes más que o tenía por qué ser trasladados al señor". Se trata de un documento de la Contraloría General del Estado que certificaría que tiene un informe de responsabilidad penal, mismo que para Puig habría sido manipulado por los comisionados señalados.

Además, en son de querer solventar las dudas de Puig, el comisionado Uquillas indicó que "en los anexos, consta que (Puig) tiene responsabilidad penal, según la Contraloría General del Estado". También puntualizó que ese oficio estuvo en conocimiento de toda la comisión y que, por ende, la investigación sería para todos. "Tendremos que ir a rendir versiones en la Fiscalía par darle el gusto al postulante Juan Falconí Puig", dijo.

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Por su parte, el aludido comisionado Jhossueth Alemida señaló que su rol como secretario de la comisión fue recibir los expedientes e, inmediatamente, entregarlos a cada uno de los comisionados. "Espero que esta situación sea producto de un mal entendido de una falta de comunicación", dijo haciendo hincapié en que no han hecho nada ilegal.

Por otro lado, la expresidenta de la comisión y actual integrante de la misma, Janeth Ojeda, solicitó la lectura de un reporte de la Contraloría General del Estado con fecha 12 de julio de 2022, que consta en el expediente, donde se certifica que Puig registra un informe con indicios de responsabilidad penal. "Esta comisionada no tiene nada que ocultar. Los documentos físicos tienen firmas originales", hizo hincapié Ojeda.

El 20 de julio de 2023, la comisión del concurso de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado ya alertó de un primer intento de injerencia. "Lastimosamente tengo que informar que hemos tenido incidencia por parte de autoridades de mediano rango que han venido a dar sus 'recomendaciones' a la comisión", dijo el comisionado Raúl Guaña.

Un día después de que la comisión haya denunciado el intento de injerencia, el presidente del Consejo de Participación, Alembert Vera, dijo a este Diario que "aquí no se trata de dañar la imagen de nadie" y que esperaba que "sean valientes" y presenten una denuncia formal en la Fiscalía General del Estado, sino él la presentaría contra ellos.

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