Las complicaciones de la empresa Hidalgo e Hidalgo (HeH) con la justicia no solo se remiten a Ecuador, donde uno de sus representantes ha sido llamado a juicio por el caso Sobornos 2012-2016. Colombia avanza en una investigación contra la constructora, también por supuestos pagos ilegales, a partir de una denuncia penal presentada a fines de 2018 por uno de sus exempleados.

Los avances y detalles de ese caso fueron revelados el último sábado por diario El Espectador, de Colombia, que tuvo acceso a la delación presentada en la Fiscalía del municipio de Yopal, departamento de Casanare.

La denuncia se encuentra en etapa de investigación y se han emitido siete órdenes de policía judicial para averiguar si hay materiales probatorios que fundamenten la hipótesis, señala el reportaje del medio colombiano.

El ecuatoriano Luis Fernando Llivigañay denunció supuestos actos de corrupción en la compañía que lo empleó durante más de 10 años y que lo acababa de despedir, según menciona la nota de investigación periodística.

Llivigañay -destaca el artículo- detalló supuestos pagos ilegales a funcionarios de corporaciones regionales y compra de material ilegal y que él además realizó las transacciones y los ajustes de contabilidad.

Las supuestas irregularidades, según la denuncia, tendría relación con la ejecución de dos contratos: el mejoramiento del Corredor Transversal del Cusiana (departamento de Casanare), por 70.652 millones de pesos (21 millones de dólares, al cambio actual); y la intervención del Corredor Villagarzón-San José del Fragua (departamento del Caquetá), por 18.935 millones de pesos (5,6 millones de dólares, actualmente).

HeH le dijo a El Espectador que desconocía la denuncia. Desmintió a su extrabajador y anunció que se defenderá ante las autoridades.

El denunciante, en cambio, afirmó que los hechos se registraron entre 2016 y 2018, cuando la sucursal de la constructora y su sociedad colombiana participaban como los consorcios Vías Equidad 068 y Vías Equidad 046 en las obras de Vías para la Equidad, en los departamentos de Caquetá y Boyacá.

Llivigañay, quien ofreció a las autoridades revelar más secretos de la empresa a cambio de un principio de oportunidad (no adelantar un proceso penal en su contra), contó que él fungió como administrador de ambos consorcios y fue testigo directo de los supuestos actos irregulares.

“Tengo pruebas fehacientes, toda vez que fui coaccionado a ejecutar actos reprochables por órdenes directas de mis superiores”, se lee en la denuncia a la que accedió El Espectador.

En respuesta a ese medio, la oficina jurídica de la compañía dijo que las acusaciones de su exempleado carecen de precisión “debido a que no tienen consonancia con los documentos que reposan ante las entidades gubernamentales encargadas de hacer el seguimiento a los proyectos ejecutados por los consorcios”.

Obra vial en Ecuador

Prefectura sigue en silencio

En Ecuador, Hidalgo e Hidalgo (HeH) mantiene un disputa legal con el Consorcio Multinacional Tsáchila, del cual forma parte la empresa china Sinohydro. La pugna es por la ejecución de un millonario contrato para la ampliación de la carretera Unión del Toachi- Santo Domingo.

Existen dos contratos suscritos con el Gobierno Autónomo Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas para la misma obra, uno de $ 26,6 millones (Consorcio Tsáchila) y otro por $ 24,2 millones (HeH). Por ello, se abrieron dos procesos judiciales en la que cada un de las partes es demandante.

Para agudizar la controversia, tanto HeH como el Consorcio Tsáchila obtuvieron de los jueces acciones de protección a su favor. El caso se dilucidará en la Corte Constitucional.

Pese a los insistentes pedidos de EXPRESO, la Prefectura de Santo Domingo de los Tsáchilas sigue sin pronunciarse sobre cuál será su decisión respecto de la ejecución de la obra.