Los desacuerdos llevan a buscar soluciones por la vía legal. Una denuncia presentada ayer en la Fiscalía General del Estado por un presunto intento de fraude electoral en Los Ríos y Guayas vuelven casi insalvables las diferencias entre los dos bandos que existen al interior del Consejo Nacional Electoral (CNE).

La demanda fue presentada por el consejero Luis Verdesoto, luego de que la presidenta del CNE, Diana Atamaint, negó la noche del martes la posibilidad de acudir como pleno a la Fiscalía para que se investiguen las supuestas irregularidades. La postura de Atamaint tuvo el apoyo de José Cabrera y Esthela Acero, como ha ocurrido los últimos tres meses.

Verdesoto cree que hay suficientes pruebas de que en los cantones Mocache (Los Ríos) y Alfredo Baquerizo Moreno (Guayas) se intentó alterar la elección. Presentó seis actas como documentos de respaldo y dice tener más si la Fiscalía se los pide.

“Este hecho no afecta a todo el proceso electoral, creo que es un hecho más bien puntual de agentes delictuales de poca monta que han tratado de alterar la voluntad popular, pero basta con que hayamos descubierto una sola acta (con irregularidades) para que nos obligue a presentar esta denuncia”, dijo Verdesoto.

La sesión de la noche del martes fue tensa. El vicepresidente del CNE, Enrique Pita, les dijo a los tres integrantes de la mayoría que “están actuando fuera de la ley. No están actuando dentro del marco que corresponde. Sus simpatías, sus afectos, sus compromisos no les está permitiendo actuar con justicia”.

Esto, mientras se votaba una resolución que declaraba “inconstitucional e ilegal” la decisión del presidente de la Junta Electoral de Los Ríos, Patricio Márquez, de hacer un recuento de votos retomando una sesión que ya fue clausurada por el anterior presidente de esta junta, Patricio Márquez, que fue destituido el 3 de abril por el CNE.

Esta revisión de sufragios hizo que la candidata a la Alcaldía de Mocache por el Partido Social Cristiano (PSC), María Holguín, deje de aparecer como la electa. Su lugar fue ocupado por la candidata de Alianza PAIS (AP), Yenny Domínguez.

Pero con la votación del CNE del martes se declaró válido únicamente lo hecho desde el 24 de marzo al 2 de abril, bajo la presidencia de Páez. “Ya que decidieron declarar que lo actuado en ese período era legal, entonces les exhorto a que le repongan el cargo”, dijo Pita.

Ayer, la presidenta Atamaint estaba invitaba a un coloquio organizado por la consejería de Verdesoto sobre las elecciones seccionales del 24 de marzo, pero decidió no acudir de último momento, pese a que incluso varios integrantes de su seguridad ya estaban en la Universidad Andina Simón Bolívar, lugar del conversatorio.

También se suspendió la sesión del pleno del CNE que se debía realizar en la mañana para tratar el Plan Operativo para las elecciones del domingo en las jurisdicciones en las que hubo problemas el 24 de marzo. Se cambió para las 16:00, pero empezó hora y media después de lo previsto.

En el Consejo Nacional Electoral son conscientes de que estas disputas podrían escalar a otras instancias. Por un lado, están los reclamos de las organizaciones políticas al Tribunal Contencioso Electoral (TCE), mientras que las salidas ‘en falso’ del CNE tendrían más bien una consecuencia política a nivel de la Asamblea Nacional.

Para eso, habrá que esperar a que el CNE evacue todos los procesos electorales que tiene pendientes, hasta mediados de año, y deje de ser la máxima autoridad en el país.

La polémica

Judicialización. Verdesoto es partidario de que la Fiscalía sea la encargada de investigar las posibles irregularidades que se han podido producir en torno a las elecciones seccionales del 24 de marzo. Cree que el CNE debe aportar con las pruebas que le solicite esta instancia.

Comisión. La presidenta Atamaint es partidaria de que este problema sea abordado primero casa adentro. Por eso mocionó la creación de un comité técnico en el que participen los equipos de cada consejero, emitan un informe en ocho días y esto se envíe a la Fiscalía.

Elecciones se repiten en 6 localidades

El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó ayer el Plan Operativo para las elecciones en seis provincias que tuvieron inconvenientes el 24 de marzo pasado. En total, son 35.115 personas que se quedaron sin sufragar por diferentes tipos de incidentes en Bolívar, El Oro, Esmeraldas, Manabí, Loja y Morona Santiago. Según la planificación electoral, el escrutinio de estas elecciones se hará inmediatamente después de cerradas las mesas electorales.