Los detalles del debate presidencial oficial que por ley le corresponde organizar al Consejo Nacional Electoral (CNE) se van conociendo poco a poco, al menos públicamente, pese a que restan escasas 24 horas para su desarrollo.

El consejero electoral Luis Verdesoto confirmó ayer lo que se venía escuchando desde hace algunos días atrás en el sentido de que el careo entre los aspirantes a llegar a Carondelet se desarrollará en Guayaquil. La matriz de la transmisión la tendrá el canal en manos del Estado, TC Televisión.

“Lo de la Casa de la Cultura de Quito se cayó el martes”, le dijo a EXPRESO un funcionario electoral que pidió mantener su nombre en reserva.

Lo que aún está por definirse es quiénes serán los moderadores del debate. Se prevé que el pleno del CNE se reúna hoy para analizar los nombres de ocho comunicadores que fueron preseleccionados por el Comité Nacional de Debates Electorales. De estos quedará una mujer y un hombre.

Este Comité entregó ayer el primer informe de actividades e hizo públicos los detalles de las sugerencias que fueron enviadas al organismo electoral para la organización y el desarrollo de este evento durante los días 16 y 17 de enero.

La expresidenta de la República, Rosalía Arteaga, quien es la vocera de esta instancia, explicó que una de las recomendaciones es que antes de iniciar el intercambio de ideas se ruede por un minuto un video de presentación de cada uno de los 16 candidatos que deberían acudir al debate, que es obligatorio.

La pieza de comunicación deberá ser elaborada por la organización política que auspicia al aspirante y la condición es que en esta intervenga únicamente el candidato y no terceras personas, para evitar lo que ha venido sucediendo en algunas campañas electorales.

Además de Arteaga, el Comité está conformado por Simón Espinosa, Grace Jaramillo, Francisco Rocha y César Ricaurte, quienes hasta ayer se encontraban construyendo un banco de 64 preguntas que también serán puestas a consideración del pleno del Consejo Nacional Electoral.

El cuestionario girará en torno a cuatro temas: economía y empleo; educación, salud y grupos vulnerables; corrupción e institucionalidad democrática; y relaciones internacionales y derechos humanos.

La exmandataria explicó que para la elaboración del cuestionario se tomaron en cuenta las sugerencias e inquietudes enviadas por varias organizaciones de la sociedad civil. Para evitar la suspicacia de que las preguntas puedan estar dirigidas a propósito a uno u otro candidato, estas serán colocadas en un ánfora de donde serán extraídas indistintamente por los aspirantes.

En su primera aparición pública, desde el 7 de enero que fueron designados, los miembros del Comité también respondieron ayer a algunos sectores, especialmente simpatizantes del correísmo, que han cuestionado su imparcialidad como asesores de este debate.

Jaramillo recordó que, en su caso, es una académica que escribe artículos de opinión en un diario nacional. “Me ha tocado comentar, criticar y también ensalzar el trabajo de muchos gobiernos empezando por el de Lucio Gutiérrez, que también es candidato. Tengo artículos sobre Guillermo Lasso, sobre el gobierno de Rafael Correa, pero nunca me he declarado anticorreísta”, aseguró.

En ese marco, los integrantes del Comité recordaron que su labor es hacer sugerencias a los consejeros electorales, que pueden o no ser tomadas, pero que más allá de eso, no tienen la capacidad de actuar como jueces o árbitros del careo entre los aspirantes a presidente.

En tanto que, entre ayer y hoy se desarrolla el debate de la Cámara de Comercio de Guayaquil en la que habían confirmado su participación 14 candidatos. Andrés Arauz (Unión por la Esperanza) y Yaku Pérez (Pachakutik) no lo habían hecho.

La ausencia es un riesgo

A diferencia de los debates organizados por grupo El Comercio y el de la Cámara de Comercio de Guayaquil, el del Consejo Nacional Electoral tiene el carácter de obligatorio.

El consejero electoral Luis Verdesoto recordó que quien no asiste a este encuentro se arriesga a perder los derechos de ciudadanía y la posibilidad de ser candidato en otras contiendas electorales, si la ausencia no puede ser justificada.