Causa sorpresa a escala internacional. La situación de la libertad de expresión en Ecuador (tras la vigencia de la Ley de Comunicación) preocupa a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“No puedo entender cómo este problema existe en tantos países latinoamericanos (...) Tenemos que hacer un estudio de por qué existe esta divergencia. ¿Es una mentalidad de dictadura, tal vez?”, preguntó ayer la comisionada Margarette May Macaulay, de Jamaica.

Ella dirigió la audiencia que se desarrolló en el marco de la 159ª Sesión Ordinaria del organismo. Estuvieron, al menos, seis representantes de la sociedad civil. El Estado no asistió.

Los primeros reiteraron varias quejas. Hablaron de las sanciones a los medios con base en la Ley de Comunicación, denunciaron el trámite de una ley de datos que restringe el acceso a información pública y narraron los problemas del concurso de frecuencias de radio y TV.

Otro de los comisionados, Enrique Gil Botero, criticó la ausencia del Estado. “Es un disvalor de indiferencia o de soberbia. Uno u otro, son expresiones de intolerancia o de algo más y eso es preocupante”. Y añadió que “callar la libertad de expresión por el poder, es callar la voz de la democracia. Cualquier restricción, aunque sea indirecta, afecta derechos”, manifestó.

Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión, respondió a la acusación del Gobierno, que dijo que su trabajo era sesgado. Y habló de la Ley de Comunicación, a la que calificó de ambigua. “Existe la necesidad en Ecuador de adoptar medidas para modificar esa legislación”. Advirtió que hay un efecto “intimidatorio, inhibitorio y de autocensura”.