La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión del mismo organismo expresó su preocupación por el reporte de agresiones a manifestantes y periodistas en el marco de la protestas en contra de las medidas económicas del presidente Lenín Moreno, especialmente, la eliminación del subsidio a las gasolinas extra y diésel.

“La CIDH y su Relatoría Especial recuerdan que los Estados deben actuar sobre la base de la licitud de las protestas o manifestaciones públicas y bajo el supuesto de que no constituyen una amenaza al orden público. A fin de contribuir a la no repetición de estos hechos, la CIDH llama al Estado a avanzar en sus esfuerzos de apertura al diálogo y con absoluto apego a los derechos humanos”, reza parte de un comunicado difundido este miércoles 9 de octubre de 2019.

El documento recoge el contexto de las protestas desde la publicación de las medidas económicas hasta el reciente decreto ejecutivo que ordenó un toque de queda en zonas estratégicas y sedes de Funciones del Estado.

Además registra de 477 personas detenidas, 31 periodistas agredidos, 35 policías heridos y decenas de personas heridas. “Asimismo, se reportaron dos personas que habrían perdido la vida mientras participaban en las protestas, sin que se hayan determinado aún las circunstancias”, recoge el texto.

La CIDH recomienda que los operativos de seguridad del Estado deben ser planificados de forma cuidadosa bajo protocolos de actuación claros que garanticen el uso de armas adecuado menos letales, progresivo y proporcional, con absoluto apego a los derechos humanos, y que favorezcan el diálogo.

Además, recuerdan que los Estados deben actuar sobre la base de la licitud de las protestas o manifestaciones públicas y “que el hecho de que algunos grupos o personas ejerzan violencia en una manifestación no vuelve, per se, violenta toda la protesta, ni autoriza a las fuerzas de seguridad a disolver la protesta mediante uso de la fuerza ni a practicar detenciones masivas”.

La Comisión y la Relatoría recuerda que el Estado tiene el deber de proporcionar la seguridad de los periodistas que realizan su trabajo en el marco de una manifestación pública, así como garantizar que estos no sean detenidos, amenazados, agredidos, o limitados en cualquier forma en sus derechos por estar ejerciendo su profesión.

“Los ataques contra periodistas y la destrucción o incautación de equipos de quienes cubren estas situaciones violan la libertad de expresión, tanto en su dimensión individual como colectiva”.

Finalmente, el organismo hace un llamado al diálogo como la vía pacífica para que los actores políticos y sociales resuelvan sus diferencias con el máximo respeto a los derechos humanos, las instituciones democráticas y al Estado de Derecho.