"Solicitamos se nos pague por lo menos 25 millones de dólares a las dializadoras del país durante los próximos cuatro meses". Esa fue la contrapropuesta de este gremio al Ministerio de Salud Pública (MSP), que les ofreció abonar 30 millones en tres meses, de una deuda total de 70 millones de dólares.

La Asociación de Centros de Diálisis del Ecuador emitió un comunicado en la noche  del miércoles 13 de septiembre, al final de una larga jornada que comenzó temprano en Quito con una marcha de pacientes renales derivados del sistema público hacia estos sitios privados; y continuó en la tarde en Guayaquil con una reunión entre representantes de las dializadoras y del Ministerio de Salud.

El contexto de todo ello es la deuda de aproximadamente 70 millones de dólares que mantiene el Ministerio de Salud Pública por la atención de alrededor de 16.000 pacientes en los centros de diálisis privados; y la de 35 millones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) por la atención de unos 5.550 afiliados. Es decir, un total de 21.500 usuarios. 

Según el gremio de dializadoras, en la cita en Guayaquil la cartera de Estado les habría ofrecido pagar 30 millones por los meses de agosto, septiembre y octubre. Una cifra que la cantidad considera insuficiente porque, además, afirma que la atención a los 16.000 pacientes tiene un costo de 13 millones de dólares por mes. Por lo que al cabo de los tres meses,  se produciría una deuda adicional de casi 10 millones de dólares.

De allí la contrapropuesta del gremio, de que les paguen al menos 25 millones de dólares durante cuatro meses, para cubrir los costos de la atención y a la vez reducir el total de lo adeudado. Aunque si se cumpliera su pedido, recibirían al cabo 100 millones de dólares, un monto que supera el total de la deuda. 

Las dializadoras dicen que a la vez están presionadas por sus proveedores de insumos y dispositivos médicos, a quienes ellos les deben valores atrasados por meses, debido a que no reciben los pagos del MSP y del IESS. Han afirmado que la situación pone en riesgo la continuidad de la atención a los pacientes renales. 

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