Los centros de diálisis privados, que actúan como prestadores externos del sistema público de salud en la atención a pacientes renales, se dicen a su vez presionados por sus proveedores y por ello urgen al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y al Ministerio de Salud Pública (MSP), a que les cancelen o abonen parte de lo adeudado.

Según indicó a EXPRESO la vocera del gremio de las dializadoras, Cristina Freire, esa deuda les impide a la vez cumplir sus compromisos con los proveedores de los insumos médicos necesarios para ofrecer las diálisis, quienes por esa razón han dejado de entregarles esos recursos y más bien les han entablado demandas judiciales por las deudas.

Freire precisó que el conjunto de centros de diálisis atiende a unos 21.000 pacientes, de los cuales 16.000 provienen del Ministerio de Salud y 5.500 del Seguro Social. La deuda de la Cartera de Estado, según la vocera de las dializadoras, asciende a 80 millones de dólares. Y la del IESS, a 35 millones de dólares. 

Freire aseguró que algunos centros de diálisis solo tienen insumos para una semana más, lo que podría poner en riesgo la atención a los pacientes. Reconoció que han recibido ofrecimientos de ambas entidades de al menos abonar parte de la deuda, pero esto no se ha concretado.   

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