La madrugada de este miércoles 14 de abril de 2021, siete de nueve procesados por posible delincuencia organizada por integrar una posible estructura organizada que involucró a Petroecuador, Contraloría y la Secretaría de la Presidencia, recibieron prisión preventiva. Su encierro lo cumplirán, por el momento, en la cárcel 4. 

Dependerá de la resolución de una sala de apelación que conozca el recurso que presentarán hoy los defensores del contralor Pablo Celi y el exsecretario de la Presidencia José Augusto Briones.

La medida fue dispuesta por el juez nacional Felipe Córdova. La instrucción fiscal del caso durará 90 días y 120 si es que la Fiscalía decide vincular otros investigados.

Medidas alternativas hubo para Natalia Cárdenas quien se presentará cada ocho días en la Secretaria de la SalaPpenal de la Corte Nacional de Justicia desde el 19 de abril de 2021. Para ella además se dictó la prohibición de salida del país y colocación del dispositivo de vigilancia electrónica. Elsie Cueva no recibió ninguna medida cautelar y se ordenó la libertad inmediata.

La formulación de cargos que inició pasadas las 19:00 del martes 13 de abril y concluyó la madrugada de este miércoles. La fiscal Diana Salazar habló del caso de Raúl de la Torre, familiar de Celi y Roberto Barrera, sentenciados en Estados Unidos por soborno e intento de lavado de activos. Los dos fueron detenidos en 2019, sentenciados en 2020 y ya cumplieron la pena.

La funcionaria expuso que la investigación previa inició el 29 de julio de 2019 y se habrían practicado diligencias que permitieron recabar evidencia para presumir que existiría un grupo de funcionarios públicos y personas particulares que conforman una estructura organizada para cometer delitos que atentan a la eficiencia de la seguridad pública del país.

La fiscal Salazar colocó como líderes del grupo a José Agusto, exsecretario de la Presidencia y José Raúl de la Torre en Petroecuador. Su objetivo habría sido recibir los pagos indebidos por su intermedio, condicionando al pago de planillas. La funcionaria los consideró autores directos del posible delito.

Del contralor Pablo Celi afirmó que dio la disposición de desvanecer glosas para beneficio de la empresa, para cobrar las planillas de Petroecuador. Manifestó que Agusto, abusando de su cargo, pidió a Pablo Flores gerente de Petroecuador que mantenga en el cargo a Raúl de la Torre, quien habría exigido la entrega de dádivas a la empresa Nolimit. De Luis Augusto mencionó que era delegado por su hermano, el exsecretario, para prestar sus cuentas y aparecería como beneficiario final, recibía dinero a través de empresas en el extranjero, consigna cuentas bancarias de la empresa costarricense.

De Natalia Cárdenas, la fiscal dijo que tenía relación de dependencia en calidad de asesora de Petroecuador y era persona de confianza de Flores, quien habría facilitado las planillas y habría sido parte activa del grupo ilícito al tener, además, un porcentaje del beneficio final.

De Luis Esteban Celi de la Torre se indicó que gestionaba el desvanecimiento de las glosas aprovechando de las influencias de su hermano el contralor y solicitando la entrega de dádivas para el efecto. Sobre Elsie Cueva, la fiscal aseguró que era la persona encargada de cobrar cheques entre 2017 y 2019 y no registra ninguna actividad económica.

Además se refirió a Silvia López quien sería accionista de varias empresas petroleras y tenía como cliente a Luis Augusto Briones desde 2018, fue designada por el exsecretario para recibir el beneficio de esta organización. Citó a Andrés Luque como accionista y a Angelo Rodríguez quien registraría relación de dependencia, accionista de empresas que constan en el reporte tributario que se relaciona con Luis Augusto.

Para la fiscal, eso evidenciaría que existía un verdadero acuerdo de voluntades que forman parte un grupo estructurado. Su fin: la obtención de réditos económicos. Afirmó que las actividades no son circunstanciales, son planificadas. El delito de delincuencia organizada es sancionado con penas mayores a cinco años.

Alrededor de 15 elementos de convicción fueron presentados en la audiencia. Pero la información fue remitida por la Corte recién la mañana de este miércoles 14 de abril por decisión del juez del caso.

Responsabilizó a José Augusto Briones de ejercer el mando y planificar las actividades de la estructura. Los demás procesados, cada uno habría tenido un rol y participación en las actividades.

Los defensores de los procesados presentaron documentos de arraigo como declaraciones de impuestos, escrituras, planillas, certificados, entre otros documentos que no fueron suficientes para alcanzar medidas alternativas para sus defendidos.