El sector eléctrico nacional es un problema que todos conocen pero que nadie termina de resolver. La decisión de no continuar con la intervención en la Corporación Nacional de Electricidad (Cnel) y la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) deja en el aire la reestructuración de empresas públicas que, en conjunto, administran presupuestos que superan los 2.290 millones de dólares.

La cantidad de dinero es uno de los principales puntos de alarma. Las dos empresas manejan presupuestos elevados pero sus gastos no justifican el valor. Como ejemplo, solo en 2019, Celec gastó 744,5 millones de dólares de los 1.054,6 millones que presupuestó. Es decir, su ejecución fue de apenas el 70,59 %.

La subejecución es negativa porque, según quienes impulsaron la intervención interrumpida, da cuenta de una administración y planificación ineficiente. Siguiendo con Celec, la poca ejecución evidenció que hay una estructura organizacional que falla y, además, que los planes de contratación de bienes y servicios tenían cálculos erróneos.

En Cnel la historia es similar. Su ejecución presupuestaria en 2019 fue 24 puntos porcentuales por debajo del estimado. Eso responde, según la justificación de la intervención, a actividades irregulares y presuntos hechos de corrupción.

El error persiste en 2020, pese a tener casi medio año avanzado, la ejecución de ninguna de las dos corporaciones supera el 30 %.

Esta semana, tal como informó EXPRESO, el ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, René Ortíz, anunció que no se continuará con la intervención de las dos empresas eléctricas. Una vez que la interventora, la empresa estatal uruguaya Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas (UTE), entregue su informe de trabajo no se renovará el contrato para seguir con la transformación de las entidades.

Ese informe está demorado, según la administración anterior de la Agencia de Regulación y Control de la Electricidad (Arconel), solo se trabajaron dos de los seis meses establecidos en el primer contrato. Luego vino la emergencia sanitaria y se impidió los trabajos de campo y los exámenes en las instalaciones nacionales.

Cuando se retomen las actividades, UTE deberá concluir los cuatro meses de trabajo y entonces recibirá su paga. Un valor que bordea el millón de dólares.

No se solucionará, sin embargo, el problema de facturación que enfrenta Cnel y que fue denunciado aún antes de la pandemia. De hecho, una de las motivaciones para intervenir a la empresa, en diciembre de 2019, fue las “irregulares contrataciones y malos resultados en las lecturas, las deficiencias en la aplicación del sistema de facturación y los errores en las planillas y la atención al cliente”.

A eso se suma un valor incalculable de ‘pérdidas negras’. Se trata de entregas del servicio de electricidad que nunca se convierten en remuneración para el Estado. No se paga por la luz que se consume.

Celec también tiene fallas que no serán atendidas, al menos no de inmediato. La empresa tiene un parque de distribución de energía obsoleto que necesita inversiones, según dijeron las autoridades del sector en la Asamblea Nacional, superiores a los 15.000 millones de dólares.

Las pérdidas generadas por ese sistema caduco, para entregar energía al sector petrolero, superan los 400 millones de dólares.

El exministro de Electricidad, y actual presidente de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, Esteban Albornoz, explicó que se ha descuidado las inversiones complementarias que necesita el sector estratégico. Dijo, al viceministro de Electricidad Luis Vintimilla, que es una lástima ese abandono.

No habló, sin embargo, de los gastos excesivos de las plantas eléctricas construidas en el gobierno anterior. Tampoco mencionó los riesgos alrededor de construcciones como Coca Codo Sinclair.

El plan de cocinas de inducción, que impulsó el correísmo, también fue abordado sin detalles. Ese programa que regala hasta 80 kilovatios/hora al mes genera un gasto mensual de casi 2,5 millones de dólares. Esos recursos, según explicó el gerente de Celec, Gonzalo Uquillas, salen de los fondos de las empresas eléctricas. Actualmente hay cerca de 500.000 beneficiarios.