Cerca de las 18:00 de este lunes 25 de noviembre inició la exposición de los abogados de 24 procesados por presunto cohecho en el caso Sobornos 2012-2016.

Precedió la intervención de los defensores la réplica de la fiscal Diana Salazar a las intervenciones de la semana pasada de los abogados en las que cuestionaron el delito por el que se acusó a sus clientes, pidieron exclusión de varios testimonios y documentos, entre otras cosas.

La fiscal ratificó su pedido de que se llame a juicio a los 24 procesados. A la cabeza Rafael Correa, el ex vicepresidente Jorge Glas y un grupo de colaboradores cercanos y exfuncionarios. La fiscal reiteró que el delito está contemplado en el actual Código Orgánico Integral Penal (COIP) y no alcanza solo a los funcionarios públicos sino también a los particulares, en este caso los empresarios, accionistas o representantes legales investigados en este caso. Volvió a mencionar la existencia de la supuesta organización criminal.

Dijo que el que realiza directamente el delito es precisamente esa organización y los autores mediatos son los miembros de la organización al poseer un mando en la estructura.

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Se ratificó en el dictamen acusatorio formulado la semana pasada.

Además, pidió la exclusión de algunas pruebas anunciadas por los abogados. Entre ellas testimonios de personas que no fueron llamadas a dar versión en la Fiscalía durante la instrucción fiscal como la exministra Rossana Alvarado y que tendrían como fin hablar de la honorabilidad de uno de los procesados. Además pidió se excluyan pruebas documentales anunciadas por la defensa de Correa por no haber sido solicitada ni practicada durante la instrucción.

La Procuraduría ratifica su acusación

El procurador Íñigo Salvador ratificó su acusación particular y dijo que la forma de participación agrava el delito. Al momento los abogados continúan refiriéndose a la exposición de la fiscal. Concluidas las intervenciones la jueza Daniella Camacho empezará con la deliberación de las exposiciones y convocará oportunamente a una audiencia para anunciar su resolución.

La Fiscalía investigó a 26 personas involucradas en la supuesta red de aportes ilegales de contratistas del Estado a las campañas de movimiento PAIS. La Fiscalía ha acusado a los funcionarios públicos involucrados de favorecer con contratos del Estado a empresas a cambio de sobornos.