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Caso Sobornos: abogados no pudieron apelar a la sentencia en la Corte

Les indicaron que los plazos están suspendidos por la emergencia sanitaria para frenar el avance del coronavirus

JORGE ACOSTA ABOGADO ALBERTO HIDALGO
Jorge Acosta, defensor de Alberto Hidalgo, sentenciado por el caso Sobornos acudió a la Corte este martesCortesía

Los abogados del empresario Alberto Hidalgo intentaron presentar este martes 28 de abril la apelación a la sentencia que condenó a su cliente a ocho años de prisión por cohecho agravado, en el caso Sobornos 2012-2016.

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Los defensores llegaron a la Corte Nacional de Justicia con el documento que prepararon tras ser notificados por escrito con el fallo que alcanzó a 20 procesados, entre ellos Rafael Correa, un grupo cercano de colaboradores y empresarios. Los abogados documentaron su gestión. Las imágenes muestran que en la planta baja del organismo solo se encontraba un miembro de la Escolta Judicial.

Jorge Acosta también intentó dejar su escrito en la Unidad de Flagrancia. En esa instancia le indicaron que los plazos y términos están suspendidos. Acosta señaló a la funcionaria que le atendió que eso no estaba especificado en la sentencia. Fuentes del tribunal que sentenció a los procesados reiteró que los plazos se encontraban suspendidos y que los defensores podrán acudir con sus escritos cuando ya se deje sin efecto la suspensión.

Acosta señaló que, además de la apelación iban a solicitar la excusa del juez Iván Saquicela "por  haber emitido criterio en medio de comunicación sobre un proceso que se halla en su conocimiento que contrarían el numeral 11 de las prohibiciones para los jueces, constante en el Código Orgánico de la Función Judicial". El abogado manifestó que el servidor policial que le atendió le dijo textualmente "que no reciben escritos y además no hay quien lo reciba".

Acosta dijo que la atención en la Función Judicial le parece de lo más rara "porque para comunicar la sentencia oral habilitaron espacio físico y tiempo y, para comunicar por escrito, mediante correo la sentencia expedida el domingo 26 de abril a las 10:28, sí hubo personal y tiempo". Justificó que, ante un procedimiento tan accidentado, trataron de apelar este martes mismo. 

La mayoría de abogados anunció que apelará la sentencia. Algunos pedirán primero aclaración y ampliación. Uno de ellos es Marcelo Dueñas, defensor del exasambleísta Christian Viteri, otro de los sentenciados. En su cuenta Twitter el exlegislador escribió: "La sentencia del Caso Sobornos el error primordial es en el trato de la prueba, por ahora dos fáciles de explicar: 1) Aceptan como prueba la voz de coprocesadas que no cumplen con el mínimo (contradicción); 2) No aplican bien el segundo nivel de valoración, esto es en la corroboración".

María del Mar Gallegos, defensora e Alexis Mera, exsecretario Jurídico de la Presidencia indicó que la momento se encuentra en la lectura de la sentencia. Dijo que lo más seguro es que apelarán.

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El tribunal integrado por los jueces Ivan León, Iván Saquicela y Marco Rodríguez notificó por escrito la sentencia anunciada mediante sistemas telemáticos el pasado 7 de abril en medio de la cuarentena decretada por el gobierno para frenar el avance del coronavirus en el Ecuador. Los jueces condenaron a 20 personas por el delito de cohecho agravado. Rafael Correa y Jorge Glas fueron responsabilizados como autores mediatos, por instigación. Alexis Mera, María Duarte, Wálter Solís, Vinicio Alvarado, Viviana Bonilla, Christian Viteri y Pamela Martínez fueron condenados como coautores. 

Mientras que Laura Terán fue hallada cómplice de cohecho pasivo propio agravado. A los empresarios Alberto Hidalgo, Víctor Fontana, Édgar Román, Ramiro Galarza, Bolívar Sánchez, Pedro Verduga. Williams Phillips, Rafael Córdova, Teodoro Calle y Mateo Choi el tribunal les sentenció como autores directos del delito de cohecho activo agravado. 18 personas recibieron ocho años de pena, mientras que Pamela Martínez, exasesora de Correa fue condenada a 38 meses y 12 días de cárcel. Su exasistente Laura Terán recibió la mitad de la condena, eso es 19 meses y seis días. 

Fueron señalados por integrar una supuesta estructura criminal dedicada a la captación y reparto de sobornos que habrían entregado contratistas del Estado a cambio de contratos. La Fiscalía evidenció durante el juicio que los beneficiarios eran el círculo de funcionarios cercanos a Correa y las campañas electorales de PAIS. Los sobornos se entergaban en efectivo y por cruce de cuentas. Alcanzaron más de 7.4 millones de dólares. 

En caso de ejecutoriarse la sentencia que aún es de primera instancia y admite que los sentenciados presenten recursos, pierden sus derechos por 25 años, deben presentar disculpas públicas en la Plaza de la Independencia y colocar una placa en Carondelet con una leyenda dispuesta por el tribunal. Además deben hacer al menos 300 horas de capacitación en ética laica y transparencia. La reparación integral que deberán pagar al Estado los sentenciados es de 14.7 millones de dólares y no de más de mil millones que solicitó en el juicio la fiscal Diana Salazar.

Un abogado será investigado

Los jueces calificaron como debidas tanto las actuaciones de la fiscal Diana Salazar, de la acusación particular representada por el procurador Íñigo Salvador y de las defensas de los procesados, por haber cumplido adecuadamente sus roles y observado a cabalidad los principios de buena fe y lealtad procesal. Quedó fuera de esas consideraciones el abogado Harrison Salcedo, defensor de Jorge Glas.

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Según el tribunal "de manera recurrente actuó con argucias jurídicas, dirigidas a dilatar el transcurso normal de la litis e inclusive ofendió el honor de los miembros del tribunal de juicio, al pretender endilgar un supuesto cometimiento del delito de fraude procesal". Por eso los jueces oficiaron al Consejo de la Judicatura, para que investigue la actuación del defensor. 

Durante la cuarentena en la Corte se han cumplido labores mediante teletrabajo y reuniones virtuales. Este martes, por ejemplo la presidenta de la Corte Paulina Aguirre se reunió con secretarios relatores para presentarles el plan de normalización de actividades y coordinar actividades jurisdiccionales.