Hasta casi las 13:00 la fiscal Diana Salazar presentó 506 de los 587 elementos que sustentarán la acusación de supuesto cohecho que pesa en contra del expresidente Rafael Correa y 23 sospechosos en el caso Sobornos 2012-2016.

Lo hizo en el tercer día de la reinstalación de la audiencia preparatoria de juicio dirigida por la jueza Daniella Camacho. Tras la presentación de elementos generales a todos y comunes por grupos, vinieron los individuales.

Fue una jornada intensa en la que solo se escuchaba la voz de la fiscal y eventualmente a alguien que preguntaba en qué foja se encontraba algún elemento. Hubo media hora de descanso. Muchos abogados aprovecharon para buscar café, agua, mover las piernas o descansar la mano marcada por el azul o negro del esfero.

En el anuncio del elemento 239 vino la enumeración de evidencias para Rafael Correa. En total 21. En ellas se desglosan informes periciales, memorandos, contenidos de correos electrónicos de Laura Terán, exasistente de Pamela Martínez, exasesora del exmandatario.

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Se refieren a depósitos en la cuenta de Correa. 5.000 dólares para el ‘cumpleaños de SP’, efectuado en abril, mes en el que coincidencialmente nació. Otro de 6.000 dólares que Correa reconoció que provenía de un ‘Fondo de Solidaridad’ que la Presidencia certificó que no existió. O un monto por el alquiler de una aeronave que llevó al expresidente a la Amazonía.

Los otros elementos se refieren a copias de cartas credenciales, informes de la UAFE, el SRI, cargos, la certificación de la existencia de la cuenta de Correa, el depósito, la versión del depositante, las pericias a los computadores de Terán y Martínez, al celular de Alexis Mera, entre otros.

Para Jorge Glas, el exvicepresidente sentenciado a seis años de cárcel por asociación ilícita en la trama de sobornos de Odebrecht, hubo 19 elementos. Entre ellos la constatación de los cargos, credenciales del CNE, información de los correos de Mera y Correa, información pericial a sus equipos, a las facturas de las cantidades que era encargado de recolectar por las empresas asignadas, entre otros elementos.

De Mera se presentaron 25 elementos. Entre ellos la constancia que viajó a Brasil antes que Fiscalía para conocer la lista de Odebrecht, la versión de Pedro Espinosa, su excolaborador que confirmó que recibió sobres para él, la pericia de los computadores de Terán en la que señala la entrega de dinero por servicios jurídicos verdes.

Para la exministra María de Los Ángeles Duarte se presentaron 28 elementos. Entre ellos versiones de empresarios que confirmaron que habrían sido obligados a pagar y chantajes para que hagan actos en las obras que inauguraba Correa.

Alberto Hidalgo se describió como ‘víctima’ de la estructura de sobornos implementada en el correísmo y que, según la fiscal, era una estructura criminal que exigía aportes a las contratistas del Estado a cambio de futuros contratos.

Hay facturas y versiones para reforzar esa teoría. Quienes prestaron servicios a la campaña de Viviana Bonilla aseguran prestaron servicios en la campaña pero las facturas salieron en nombre de las contratistas. A las 15:00 se reinstaló la audiencia con la presentación de elementos para los 12 accionistas de empresas que están procesados.

Inconformidad en abogados

Los defensores de los procesados expresaron sus reparos a la forma en la que se han presentado los elementos de convicción por parte de la fiscal Diana Salazar.

Marcelo Dueñas, abogado del exasambleísta Christian Viteri señaló por ejemplo que la fiscal ha incumplido lo que señala el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Según él, el artículo 603 le obliga a la funcionaria a detallar y a precisar de qué manera los acusados han participado en uno u otro delito y hacerlo de manera puntual, dijo.

En la enumeración de los 28 elementos que sirven para acusar al exlegislador la fiscal mencionó facturas que habrían emitido las empresas en las que Viteri era accionista y que eran pagadas por empresas contratistas.

A eso se suma una factura por un media training solicitado por Viteri pero que habría cancelado la empresa Metco.

El abogado Jorge Luis Ortega manifestó que es lamentable cómo la Fiscalía General “está deformando la prueba”.