El lunes desde las primeras horas de la mañana, una veintena de procesados por posible cohecho en el caso Sinohydro acudirán a la Corte Nacional.

¿La razón? Deben cumplir con la disposición del juez Adrián Rojas de presentarse en la sala penal. Esa fue una de las tres alternativas que ordenó el juez para no dictar la prisión preventiva en su contra que solicitó la fiscal Diana Salazar durante la formulación de cargos.

Los abogados han asegurado que sus clientes cumplirán. Incluso Conto Patiño, quien supera los 90 años. Su abogado, Pablo Lizarzaburu, manifestó que no existe razón para que no lo haga. “Ahí estaremos pese a sus dificultades de movilidad y estado de salud”.

De Patiño, la Fiscalía asegura que habría recibido 44 millones de dólares de Sinohydro a través de la empresa Recorsa en Panamá.

El 12 de agosto de 2019 la Fiscalía recibió su versión. Él tenía 88 años. Habló de una posible red de corrupción que había recibido sobornos de Sinohydro a cargo de la construcción del proyecto Coca Codo Sinclair.

En esa oportunidad dijo que la denuncia está llena de falsedad y se sustenta en apreciaciones alejadas de la verdad. Defendió que todos los actos que ha realizado en su vida “han estado sujetos a la seriedad, responsabilidad, transparencia y ajustados a los principios de moral”.

Afirmó que Recorsa actuó como consultora para el proyecto Coca Codo y solamente para esa empresa en el Ecuador han trabajado. Admitió que el pago que le hicieron por el trabajo realizado fue de 18 millones de dólares, que no sirvieron para beneficiar a algún funcionario público y menos para actuar en actos de corrupción.

Si lo que aseveró en su versión es cierto o no, es algo que la Fiscalía no ha podido verificar. Es que la información requerida a Sinohydro (copia certificada del producto final de la consultoría, cuál era el objetivo y las facturas de pago) ha sido calificada de secreto de Estado.

La respuesta está en el expediente que investiga un presunto cohecho que involucra a 37 sospechosos, entre ellos Lenín Moreno y su familia.

Se puede encontrar en el cuerpo 10, en la página 48 y en las fojas 923 y 924. También la respuesta legal que consignaron los abogados de la firma, que en resumen expusieron que “la respuesta de los abogados en China indica que la solicitud de divulgación de documentos o información solicitada constituyen ‘violaciones de las leyes y reglamentos de la República Popular China relacionados a los secretos de Estado, secretos comerciales de empresas estatales del gobierno central’”.

Al menos 10 insistencias envió la Fiscalía a Sinohydro para que facilite los datos. La Fiscalía sospecha que Sinohydro habría pagado alrededor de 76 millones de dólares en sobornos.

La mayoría de ese dinero habría ido a cuentas de Recorsa en Panamá, de Patiño, según los cargos que presentó la fiscal Diana Salazar el pasado 3 de marzo y que incluyeron a exdirectivos de la sucursal de Sinohydro en el país.

En una de las respuestas de Sinohydro Ecuador remitidas en mayo de 2019 se señala que dicha sucursal nacional no ha realizado pago alguno a Recorsa S. A. y que quien ha solicitado y ha pagado por los servicios de Recorsa es la casa matriz, “no habiéndose producido erogación de las cuentas bancarias de Sinohydro Ecuador”.

Además reiteró que la información pedida por la Fiscalía no reposa en sus oficinas. 

Alternativa

Pedido por asistencia internacional

Una de las alternativas para obtener la información que buscaba la Fiscalía de Sinohydro es que, al tratarse de un tema penal, debía pedir asistencia judicial internacional.

La entidad hizo el requerimiento tres meses después e insistió en casi una decena de oportunidades, pero no hubo respuesta. El caso pasó a instrucción fiscal. Hay 90 días para las diligencias, peritajes y recepción de versiones. Los sospechosos recibieron medidas alternativas.