Tres de las diez horas que demoró la audiencia de formulación de cargos que se dio entre la noche del lunes y madrugada del martes sirvieron para la exposición de pruebas por parte de la fiscal general, Diana Salazar, y así solicitar prisión preventiva para 11 de los 12 detenidos en el caso Purga.

De acuerdo a la ponencia de Salazar, el exlegislador Pablo Muentes funcionaba como presunto líder y autor principal del delito de delincuencia organizada. La expresidenta de la Corte Provincial del Guayas, Fabiola Gallardo y el juez Johan Marfetán se habrían encargado del funcionamiento de la justicia a su favor.

Estas conclusiones resultan de las conversaciones encontradas en el celular de Mayra Salazar, quien fue contratada como relacionista pública en la Corte por $ 2.500 en efectivo. Su cargo contaba con “voz y voto en las decisiones judiciales”. Gallardo pidió a Muentes su contratación para ganar la presidencia provincial.

Las evidencias mostradas por la Fiscalía tildan a los otros nueve investigados como cómplices; el principal es Reinaldo Cevallos, juez de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, quien falló en primera instancia en beneficio de Muentes en el caso del Banco del Pacífico.

De ahí, están los jueces Henry Taylor y Guillermo Valarezo: fueron integrantes del tribunal que ayudó al Cuerpo de Ingenieros del Ejército en su litigio contra la empresa de Movilidad y Obras Públicas de Quito (EMMOP), y esta cambió    el piso de la oficina de la presidencia de la Corte Provincial.

En ese caso, también participó Ruth Solano, quien fue procuradora judicial del Cuerpo de Ingenieros del Ejército y planteó una acción de protección contra la entidad municipal quiteña y después transfirió $ 1.400 a Mayra Salazar para el pago de los trabajos de remodelación.

Por su parte, Ramos Lino y Nelson Ponce se encargaron como jueces que formaron parte del tribunal de apelación para el rechazo del recurso impuesto por Banco del Pacífico.

Mercedes Villarreal, directora provincial del Consejo de la Judicatura, ayudó también en archivo de sumarios administrativos en contra de Gallardo. Pero ella, se fugó a Europa horas antes del operativo.

En tanto que, Fausto Alarcón, primo de Pablo Muentes es señalado por la entidad de investigación como su testaferro. Además, recibió por medio de un habeas data un terreno en Durán valorado en $200.000, con documentos falsos.

Y finalmente está Mónica Alvarado, esposa de Muentes y    beneficiaria principal de los negocios de su cónyuge.

La audiencia de formulación de cargos tuvo un receso a las 07:40 de ayer y se reinstaló pasadas las 18:300. El  juez de la Corte Nacional, Javier de la Cadena, resolvió prisión preventiva para once detenidos. Para Reinaldo Cevallos se pidió arresto domiciliario por ser de la tercera edad.

Durante las intervenciones de la fiscal general de la nación, Diana Salazar, adelantó que en los próximos días se iba a conocer de nuevas vinculaciones en la causa Purga. Además, que se han detectado el “cometimiento” de otros delitos como tráfico de influencias, cohecho y prevaricato.

Hasta el momento no se ha divulgado el monto total de las incautaciones realizadas en los allanamientos de la madrugada del lunes. Pero la Fiscalía ha dispuesto la prohibición de los movimiento de las cuentas bancarias y la venta de bienes.

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