Desde antes de las 06:00 hasta las 09:00 de este último lunes llegaron al cuartel Modelo de la Policía Nacional los detenidos de los allanamientos ordenados por la Fiscalía General del Estado (FGE) del caso Purga, una investigación que nació de los hallazgos del caso Metástasis.

“Continuamos trabajando en la limpieza de la instituciones del Estado... Contamos con elementos que evidencian la necesidad de sanear el sistema para librarnos de la corrupción”, enfatizó la Fiscal General de la Nación, Diana Salazar en un video compartido en las redes sociales de la institución.

Agregó que la estructura estaba integrada por el exasambleísta Pablo Muentes, la expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo; varios jueces y personal administrativo del Consejo de la Judicatura. Se detuvo también, a la esposa del exlegislador y a un funcionario más en la capital. Es decir doce detenidos en total. 

Los sospechosos permanecieron en la infraestructura policial hasta las 13:07 y de ahí fueron trasladados hasta la Base Aérea Simón Bolívar para su llegada a Quito, que ocurrió pasadas las 15:00.

Según Salazar, ella misma formula cargos por el delito de delincuencia organizada porque los ahora investigados permitían que “la política legislativa, la justicia y el narcotráfico trabajen de la mano, atentando directamente a los intereses de los ecuatorianos”.

A criterio del exsecretario de la mesa de Fiscalización del periodo legislativo 2021- 2023, Santiago Becdach, la detención del exlegislador y el resto de sospechosos es un gran paso para combatir la narcopolítica. Pero recuerda que las sospechas de los nexos del narcotráfico y la política no es un tema nuevo en Ecuador y cita de ejemplo el caso Sobornos 2012 - 2016.

 “Ahí hablamos de los presupuestos de campaña electoral, donde grupos empresariales beneficiaban a grupos políticos, Fernando Villavicencio denunció a ciertos jueces y sus favores para políticos y en el lento avance de los casos es asesinado... Esto tiene connotación histórica en cómo se han dado las situaciones en el país y así concluir la relación entre el narcotráfico, la política, e incluso las pretensiones electorales de algunos”.

El analista político, Arturo Moscoso, concuerda en que se marcó un hito al judicializar prácticas que “aparentemente están extendidas y conocidas pero que no han sido formalmente abordadas  o perseguidas”. Por lo que sostiene que se debe continuar con esta iniciativa que ha revelado la profunda necesidad de cambios en el sistema judicial ecuatoriano.

“Para garantizar transparencia y justicia, enfatizar en la importancia de la vigilancia institucional, en la vigilancia de otros poderes y entidades  y en la que puede hacer la ciudadanía a través de su participación”.

• Debían ser doce ciudadanos detenidos en Guayaquil y Samborondón, pero Mercedes Villarreal, directora de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura en Guayas, salió del país hacia Europa, justo antes del operativo dado en la madrugada del lunes 04 de marzo.

En ese orden, Becdach y Moscoso recuerdan la importancia de implementar reformas al sistema de justicia, como por ejemplo despolitizar al Consejo de la Judicatura que cuenta con un delegado del presidente y  otro de la Asamblea Nacional en su organigrama.

“Muchas de las quejas de los jueces y sus denuncias disciplinarias pasan por las direcciones provinciales. Luego si es que lo pasan al siguiente nivel, van a ordenamiento disciplinario. Pero si preguntamos en el departamento, ¿Cuántos casos hay por resolver en las vocalías que es el tercer nivel? Son cientos, el sistema está hecho para darle importancia y su politización”.

La idea de los expertos es que: entre menos vínculo político, es mucho mejor, porque así se establece un camino no tan cercano a los nexos y si es que existen se los pueda evidenciar.

Ambos concuerdan en que es necesario que los procesos del caso Purga deben demostrar la caída de todo el peso de la ley a los ahora procesados.

Pero también hace un llamado a los organismos de control para estar atentos al proceso eleccionario del 2025. Con el fin de que las organizaciones políticas tengan representantes probos para un cargo de legislatura y fiscalización.

“Es un compromiso tanto del ciudadano como de las organizaciones políticas y autoridades tener criterios de selección de quiénes son ejecutores de nuestras decisiones, quiénes nos representan. Así como la valoración de un perfil laboral, debe también ser    medida las acciones e historial de quiénes toman decisiones por nosotros”, reflexionó la politóloga Diana Buenaño.

Además, agregó que se debe asignar una responsabilidad al votante pues no toma conciencia de la importancia de su elección y su decisión la toma horas antes de acudir a urnas.  “Hay que empoderar más a la ciudadanía en el seguimiento del ejercicio público que sean más las razones que las emociones. Hay un gran reto de cara a las nuevas elecciones: lograr enlazar las necesidades con la satisfacción del deber cumplido”.

(Le puede interesar también: Pablo Muentes: ¿el PSC no se percató de que era un oscuro operador?)

• El caso se lleva en Quito

El juez nacional Javier de la Cadena llevará el caso purga en la audiencia de formulación de cargos que se ejecutará en la Corte Nacional de Justicia. Se cumple en esta modalidad porque los jueces y el exasambleísta tienen fuero de corte. Entre las evidencias se incautaron joyas, dinero, licores, armas y dinero en efectivo.

Así fue la salida de los detenidos desde Guayaquil hasta la ciudad de Quito. 

Para acceder a contenido de calidad y sin límites visita el siguiente ENLACE.