La Fiscalía General del Estado (FGE) anunció la madrugada de este miércoles, 3 de abril de 2024, que ejecutó allanamientos en varias provincias del país en el marco de una investigación por presunta delincuencia organizada, a la que ha denominado caso Plaga. Los operativos han dejado como resultado la detención de 14 personas, entre las que se encuentran 2 jueces y 3 exjueces. 

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Uno de los detenidos, esta madrugada, es Simón García Tello, un exjuez de la provincia de Manabí que, en diciembre de 2022, emitió una boleta de excarcelación a favor de Daniel Salcedo, mientras laboraba en la Unidad Judicial de Paján. 

García fue detenido en el cantón Rocafuerte (Manabí). El exjuez liberó a Salcedo cuando este acumulaba tres sentencias y enfrentaba otros dos procesos penales. La justificación del entonces juez Simón García para ordenar la excarcelación fue que en todas las causas antes mencionadas había caducado la prisión preventiva. 

Días después de otorgarle la libertad a Daniel Salcedo, García fue suspendido por el Consejo de la Judicatura por su accionar en un proceso de desahucio que data de 2019, en el que habría incurrido en una "presunta infracción gravísima", según la institución. 

Casi 24 horas después de su suspensión, el 15 de diciembre de 2022, Fiscalía allanó su domicilio en busca de indicios relacionados con un presunto delito de prevaricato, tras emitir irregularmente una boleta de excarcelación a una persona con sentencia por robo agravado.

Según el sistema de causas del Consejo de la Judicatura, García fue procesado por la Fiscal´´ia, en 2023, por dos causas de prevaricato, de las cuales aún no se han desarrollado las audiencias de preparación de juicio. Esta madrugada fue detenido por el caso Plaga que investiga un presunto delito de delincuencia organizada en el sistema de justicia en ocho provincias del país. 

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¿Qué es el caso Plaga?

La Fiscalía General del Estado agregó a la lista de investigaciones de connotación -en las que está Caso Encuentro, Caso Metástasis, Caso Purga, Caso Amistad- una nueva indagación a la que ha llamado Plaga. En esta pesquisa, el Ministerio Público sostiene que un grupo de servidores judiciales, como abogados en libre ejercicio, jueces, policías y secretarios, habrían manipulado el sistema de justicia del país para favorecer a personas privadas de la libertad, pese a los delitos por los que fueron imputados y su alto nivel de peligrosidad.

Este grupo de servidores judiciales es acusado, por Fiscalía, del presunto cometimiento del delito de delincuencia organizada. Sin embargo, según detalla en un comunicado publicado por la entidad, los delitos afines a esta infracción penal incluyen el tráfico de influencias, concusión, cohecho, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

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