La prefecta de Pichincha, Paola Pabón; el exasambleísta y dirigente de Compromiso Social, Virgilio Hernández; y el asesor Christian González llegaron este 10 de diciembre a las instalaciones del Departamento de Criminalística de la Policía.

Asistirán a la apertura, extracción y análisis de información contenida en dispositivos, documentos, celulares y otros objetos incautados en los allanamientos de la Fiscalía que investiga un presunto delito de rebelión en el contexto de las protestas de octubre.

Los tres llegaron a Criminalística antes de las 09:00. La diligencia es la cuarta que realiza la Fiscalía en este caso en el que se investiga si los sospechosos tuvieron algo que ver con un intento de desestabilización del gobierno a través del financiamiento de grupos armados. 

Las evidencias apuntan en ese sentido, según la Fiscalía, que dispone de chats, mensajes, material impreso y otros indicios. Para Fausto Jarrín el proceso es una farsa. Él es uno de los defensores del caso y considera que no hay delito. Asegura que los procesados ejercieron el derecho a la resistencia y a las posibilidades constitucionales de muerte cruzada y revocatoria del mandato.

Ayer la prefecta a quien se le terminó la licencia concedida por la Prefectura consiguió la concesión de vacaciones a pesar que aún no ha cumplido un año en el cargo. Esa es una de las estrategias que anunció su defensa la semana anterior para evitar que pierda el cargo al estar detenida en la cárcel de Cotopaxi.