Caso Pabon: Tras los rastros de rebelion en manuscritos y celulares
La Corte de Pichincha autorizó la extracción de información de dispositivos incautados en el caso Paola Pabón. Las pericias se harán en Criminalística.
Manuscritos, celulares, laptops, CD, archivos, documentos, memorias, chips. Nuevamente serán los proveedores de elementos en una investigación fiscal como ya ocurrió en el caso Sobornos 2012-2016.
En esta ocasión se trata de dispositivos, objetos y documentos incautados en los allanamientos a los domicilios y oficinas de la prefecta de Pichincha Paola Pabón y otros cuatro investigados por el presunto delito de rebelión.
En su momento, las pericias a los cuadernos atribuidos a Pamela Martínez, exasesora de Rafael Correa y los archivos de Excel de su exasistente Laura Terán, permitieron a la Fiscalía develar una bien estructurada organización delincuencial.
La Fiscalía investigó los presuntos aportes ilegales de contratistas del Estado a las campañas de movimiento PAIS.
En esta ocasión la Fiscalía busca indicios del presunto delito por el que se investiga a la prefecta y otros, previsto en el numeral 4 del artículo 336 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). La norma sanciona con entre cinco y siete años a quien promueva, ayude o sostenga cualquier movimiento armado para alterar la paz del Estado.
Se refiere a los hechos registrados durante la paralización impulsada por la Conaie que degeneró en saqueos, actos delincuenciales, agresiones, asaltos a locales comerciales, retenciones, secuestros y que el Gobierno del presidente Lenín Moreno ha calificado como un intento de golpe de Estado.
El presidente apuntó al expresidente Correa y al régimen de Nicolás Maduro. En decenas de teléfonos celulares, laptops, flash memory, cámaras, tarjetas de memoria, CPU, chips y discos compactos se buscan los indicios del presunto delito.
Esos objetos se someterán a pericias con expertos de Criminalística. La autorización para el reconocimiento, exhibición y escucha en una audiencia privada, la dio la Corte de Pichincha al fiscal de Pichincha, Alberto Santillán.
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Las pericias se harán en la instrucción fiscal que por presunta rebelión se sigue en contra de la prefecta y de otras cuatro personas. Ellos fueron apresados el pasado 14 de octubre tras los allanamientos cumplidos en sus domicilios y oficinas. La Fiscalía sospecha que Pabón pudiera estar involucrada en los hechos relacionados con la paralización registrada entre el 3 y el 13 de octubre, que dejó al menos seis personas fallecidas, más de 1.300 heridos entre civiles, policías y militares, y más de 1.300 aprehendidos.
La Fiscalía, con autorización judicial, hizo seguimientos e intervenciones telefónicas luego de las violentas acciones atribuidas a encapuchados.
Hay al menos 134 elementos que pudieran tener rastros relacionados con el ilícito. Se obtuvieron en los ocho allanamientos efectuados desde el 14 de octubre. El último se hizo el sábado. Fue en una sede en la que se habrían reunido simpatizantes de Correa para planificar acciones.
Dos cajas fuertes, cuadernos con textos escritos a mano, papeletas de transacciones atribuidas a la asambleísta correísta Gabriela Rivadeneira (protegida por la Embajada de México), cuadernos que pertenecerían a Pabón, textos impresos con la leyenda ‘Contratos Odebrecht’ y documentos de la Secretaría de Inteligencia, figuran entre las evidencias.
A eso se suma información descrita como ‘secreta’, un megáfono, comunicados oficiales, encuestas con intención de voto para presidente, textos que dicen no al paquetazo, documentos de la cuenta de Compromiso Ecuador sobre paraísos fiscales, entre otras, son las evidencias que serán periciadas.
Adicionalmente, la Fiscalía ha solicitado a los registros de la Propiedad de los cantones de provincias como Tungurahua una certificación y detalle de los bienes registrados en nombre de Pabón y cuatro sospechosos. La investigación del caso tomará 90 días, hasta mediados de enero. La prefecta está detenida en Cotopaxi.
Fausto Jarrín, abogado de Christian González, señaló que no encontrarán nada en los dispositivos. “Se llevaron 50 computadoras. Van a encontrar gestión pública y nada más”, reiteró.
