A13 años del operativo ejecutado en una farmacia del norte de Guayaquil, que dejó ocho personas muertas y otras cuatro supuestamente desaparecidas, las acusaciones podrían revertirse en contra del Estado, así como a las viudas de dos víctimas.

Si bien la Sala Especializada Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) ratificó -el pasado 11 de noviembre- la sentencia impuesta contra diez policías procesados en el caso ‘González y otros’ (antes denominado Fybeca) por el delito de ejecución extrajudicial (asesinato de civiles en manos de agentes estatales); en la misma resolución también se modificó la situación jurídica de otro acusado.

Se trata del exfiscal del Guayas, Carlos Pérez Asencio, a quien los jueces confirmaron su estado de inocencia.

Según el fallo judicial, el testimonio de otro fiscal -en cuyas manos estuvo la denuncia de las muertes durante ocho años, sin ninguna diligencia-, así como “la incipiente prueba de cargo actuada por Fiscalía en contra del recurrente fue vaga e imprecisa para determinar que Carlos Pérez haya actuado con dolo dentro del ilícito que se juzga...”. En ese sentido, añade la resolución, de ninguna manera se puede establecer que el exfiscal haya tenido algún grado de participación en el caso.

Pérez se muestra satisfecho con el fallo. Esta semana comenzó a analizarlo para establecer las acciones que emprenderá en contra de los funcionarios que actuaron en el proceso y sus acusadores particulares. Esto es, funcionarios de Fiscalía; además dos de las Dolores, cuyos esposos fueron abatidos en la farmacia.

“Son tres años de haber sido procesado injusta e ilegalmente por parte de la Fiscalía General del Estado que me acusó en el grado de encubridor de asesinato”, precisó Pérez.

Pero, el exfiscal también reclama el nombramiento que ganó en 2014 para seguir en esas funciones, dentro de un concurso realizado en 2012.

Durante la audiencia, el fiscal general, Galo Chiriboga, expuso que Pérez fue procesado como funcionario judicial porque conoció y tenía la obligación de investigar los hechos que habían sido puestos a su conocimiento. Descartó que exista animadversión en contra de él, pero dijo que “no tenía derecho a optar para ser fiscal, al estar vinculado a este caso, por una omisión a su deber fundamental de investigar una denuncia puesta a su conocimiento...”.

Un plantón contra el olvido

En una acción contra el olvido, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) recordará -hoy- el aniversario 13 del operativo mortal registrado en la farmacia Fybeca de la Alborada, el 19 de noviembre de 2003.

El hecho ocurrió tras un supuesto asalto al local. Ocho personas murieron (entre ellas un mensajero y un cliente) y otros cuatro detenidos fueron supuestamente desaparecidos. Uno de ellos apareció en 2015, en Venezuela.

Para el CDH, el caso “sigue rodeado de denso misterio, con fallos judiciales de poco calado y familias desamparadas, hostigadas y separadas en su lucha”.

La Fiscalía dividió el caso en dos partes: Una por las muertes y otra por las desapariciones. En la primera acusó a 31 personas. Se condenó como autores a 5 policías y a un exagente. Otros están prófugos de la justicia.

El detalle

Asesinado. El pasado 30 de julio, el exagente Sergio Gaibor, quien era investigado en el caso González, fue asesinado de ocho balazos. Registraba otra identidad.