A las 11:30 de este jueves 9 de febrero se instaló una audiencia en la Unidad Judicial Sur (Valdivia) en la que se tramita una acción de protección por el caso Fotorradares.

Estaban citados el alcalde encargado de Guayaquil, Josué Sánchez; Christian Castelblanco, síndico del cabildo, y Daniel Garófalo, como representante de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), para que comparezcan ante el juez Mario Tenemaza. Sin embargo, en la sala de audiencias no está Sánchez.

La acción de protección fue presentada el 30 de enero por Christian Sarmiento, presidente de la Federación de Transportistas Urbanos del Guayas (Fetug), y Napoleón Gómez Real, hasta hace poco candidato al Concejo Cantonal. Ellos cuestionan la validez jurídica del funcionamiento de los fotorradares, ya que consideran que las multas de tránsito que se han generado a través de esos aparatos han vulnerado sus derechos.

En el escrito presentado también se pedían varias medidas cautelares, como la paralización de los fotorradares, que se suspendan los procesos de cobro de multas, entre otras acciones. El juez denegó esos pedidos puntuales, pero sí convocó a los funcionarios municipales.

En los exteriores hay transportistas que apoyan la acción judicial. Ellos también quieren que se suspenda la operación de los radares y que se revisen las multas generadas con esos dispositivos.

Los accionantes aluden en el documento de la acción de protección la investigación “Alcolisti S. A., el ‘eterno’ proveedor de fotorradares de la ATM” y una serie de notas de seguimiento de EXPRESO que han recogido el malestar de ciudadanos por las “fallas de dispositivos”, varias inconsistencias, irregularidades y normativas laxas -que ha reconocido la Agencia Nacional de Tránsito (ANT)-.

El proveedor vendió fotorradares, semáforos y otros componentes a Guayaquil, por $ 45 millones. El dinero de las multas alimentó esas compras.