El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) aceptó la denuncia de la candidata para la Alcaldía de Quito, Jéssica Jaramillo, en contra de Alejandro Rodas Coloma, candidato de Jorge Yunda para el Concejo Metropolitano de Quito.

La denuncia es por violencia política y se basa en un posteo de Rodas, en su cuenta de Twitter, a principios de diciembre pasado. En el tuit criticó a Jaramillo por su aspecto físico. “Pasadota de peso la man”, escribió, aunque posteriormente borró el posteo.

Según el candidato, “pasada de peso no es un término peyorativo, sino una verdad. La victimización como parte de un discurso vacío no va conmigo”, respondió en Twitter a una usuaria, tras las quejas de varias mujeres, quienes lo califican de machista.

“Y ahora anda con un troll center denunciando que decirle gorda es violencia política. ¡Qué nivel de la señora!”. Así Rodas se excusó en su momento.

Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas Código de la Democracia, en el artículo 280, se refiere a la violencia política de género como la agresión cometida en contra de las mujeres, candidatas, militantes, electas, designadas o que ejerzan cargos públicos. “Esta violencia se orienta a acortar, suspender, impedir o restringir su accionar o el ejercicio de sus funciones propias de su cargo”.

Ya el 27 de agosto de 2022, Rodas calificó a Jaramillo con el apodo “Mama lucha versión 2.0”. Y el 27 de octubre de ese año también usó la red social para criticar el cuerpo de la esposa del presidente Guillermo Lasso, María de Lourdes Alcívar. Esa vez también recurrió al tema del peso y la comparó con Elsa Bucaram.

Para el Código de la Democracia, la violencia en contra de la mujer se la califica como una infracción electoral muy grave.

Las causales establecidas en la norma son amenazar o intimidar en cualquier forma a la mujer o sus familias, restringir o anular el derecho al voto libre y secreto de la mujer, dañar la imagen pública de la candidata, denigrar por cuestiones de género, culturales, físicas, etc.

Este tipo de infracciones electorales se sancionan con una multa de 21 a 70 salarios básicos unificados, lo que se traduce en multas que van de los 9.450 dólares hasta los 32.500. En los casos más graves la sanción es la destitución o suspensión de los derechos políticos de dos a cuatro años.

• Antecedente. En noviembre, el TCE sancionó al Secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, por un tuit contra la legisladora Mónica Palacios, que borró. La sanción fue una multa ecómica.