La migración irregular de ciudadanos de Camerún y Nigeria, en África, Cuba, Venezuela y Haití, en América, a través de Nuevo Rocafuerte, en Orellana, motivaron una reunión entre el viceministro de Movilidad Humana, Carlos Alberto Velástegui, y los representantes de la Fiscalía y los ministerios de Defensa, Gobierno, Salud e Inclusión Económica.

La cita se realizó este jueves 22 de julio del 2021, en Quito. Los funcionaros conocieron sobre ingresos que se dan a través del Río Napo. "Al ser ingresos irregulares no se tiene una cuantificación exacta de este tipo de flujos migratorios, sin embargo, se estima que actualmente se realiza en grupos pequeños de 10 a 15 personas a la semana", señaló la Cancillería.

En la reunión, las autoridades del Estado buscan "comprender las características de esta problemática migratoria" y establecer lineamientos de política migratoria, con responsabilidades para cada una de las instituciones. El objetivo es controlar y disuadir este tipo de migración, la misma que es apoyada por redes transnacionales de tráfico ilícito de personas.

Según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), en Orellana existe una gran población refugiada y migrante, que se asienta en las ciudades como Puerto Francisco de Orellana, Nuevo Rocafuerte o Joya de los Sachas. En esos sitios, la Acnur ha notificado que los extranjeros que ingresan irregularmente tienen “dificultades en los medios de vida”. Esto es que no tienen acceso a servicios básicos ni a los sistemas de justicia o de salud.

En el ámbito de la seguridad, por Nuevo Rocafuerte, San Miguel y otros poblados se dan delitos como contrabando, narcotráfico, lavado de acticos, tráfico de migrantes y de armas.