Ocho días después de posesionarse como directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), Carla Mera Proaño -quien ya no está en ese cargo- recibió una inusual llamada telefónica. Era miércoles 16 de junio de 2021 y Mera no estaba en horario laboral.

Al otro lado de la línea le habló un delegado de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), entidad internacional, quien aseguró tener datos relevantes de un funcionario público ecuatoriano. “En la conversación mantenida se dio el debido permiso de diseminación con fines de inteligencia para la Fiscalía General del Estado (FGE)”.

Este episodio está consignado en el Informe de Cooperación Mutua de la República del Ecuador que acaba de publicar el Grupo de Acción Financiera en Latinoamérica (Gafilat). No obstante, en el documento no se mencionan nombres.

Sin embargo, sí se explica que se trata de un caso con el que buscan recuperar 250 millones de dólares. La Fiscalía envió un pedido de Asistencia Penal Internacional y se congelaron los fondos del involucrado.

Este hecho es un ejemplo de las labores que están realizando entidades del Estado para tratar de frenar el Lavado de Activos (LA) y el Financiamiento del Terrorismo (FT), dos de las principales amenazas que acechan a Ecuador en medio del recrudecimiento de la violencia y el aumento del narcotráfico.

En el informe, de 317 páginas, no se entrega una cifra sobre el dinero que se estaría lavando al año en el país que, de acuerdo a datos de organismos internacionales, rondaría los $ 3.500 millones, aunque esto no es reconocido por la UAFE. 

De hecho, usando los cálculos recomendados por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudc) -que sitúa la cifra anual de LA entre el 2 % y el 5 % del PIB-, el monto en Ecuador oscilaría entre los 1.794 y los 4.485 millones de dólares anuales, teniendo de referencia el PIB del 2021.

Lo que sí aclara el informe son los avances y deficiencias que tiene en esta materia Ecuador y en específico la UAFE, que es la llamada a conjurar el ingreso irregular de dinero en la banca y las finanzas del país.

Además, destaca que el país ha hecho acuerdos de cooperación internacional y que aprobó, en 2021, una Evaluación Nacional de Riesgos (ENR), cuyos resultados sirven de base para prevenir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Según explica la Gafilat, esa evaluación estableció al narcotráfico y al contrabando como las principales amenazas.

Para el extenso diagnóstico se tomaron datos del 2017 al 2021 y se aclaró que la UAFE tiene a cargo la recepción de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y Reportes de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) para adelantar procesos judiciales y recuperar dinero obtenido irregularmente.

“De los 102 ROII enviados por la UAFE a la FGE en el período 2017 a 2021, se registran 11 reportes que tienen juicios con sentencia ejecutoriada y 9 que se encuentran en juicio”, se lee del informe. En la relación de estos reportes con investigaciones judiciales, los dos principales ilícitos son: corrupción (59 casos) y enriquecimiento ilícito (16). No obstante, los registros por narcotráfico (3) y contrabando (1) no son del todo confiables para el Gafilat.

“Considerando que el narcotráfico es la principal amenaza identificada en la ENR, y que el contrabando también presenta importancia relativa dentro de las principales amenazas, se considera que las diseminaciones de ROII no son consistentes con el perfil de riesgo del país”, advierte el estudio.

Además, advierten otras debilidades. Entre estas la falta de una aplicación efectiva de un Enfoque Basado en Riesgo para la asignación de recursos, y la ausencia de políticas Anti Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo.

Otro aspecto que estudió el Gafilat fueron los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) por sectores. En total, se recibieron 14.145 ROS, de los cuales la mayoría ingresaron desde el Sector Bancario, con 8.861, un 62 %; Transferencias de fondos y correos paralelos, 1.803; Cooperativas de ahorro y crédito reguladas, 1.116; y Concesionarias automotrices, 975, entre otros. 

De estos reportes, el 68 % fueron categorizados como de prioridad baja, el 30 % de prioridad media y un 2 % como alta. El Gafilat consideró que el análisis de los de prioridad media “no son adecuados”. “Un número significativo (96 %) de reportes de prioridad media no derivan en la producción de inteligencia financiera”, señalan.

Pese a esto, Ecuador ha reforzado recientemente el marco de gobernanza del riesgo de LA del sector bancario con “nuevas responsabilidades al directorio (en la definición del apetito, tolerancia, indicadores y límites al riesgo de la entidad) y a los órganos de control”, dice el informe. El total de activos bancarios en el país, a agosto de 2021, era de $ 65.888 millones. 

• “Resultados obtenidos por el país son favorables”: UAFE

La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), presidida hace tres semanas por Roberto Andrade, considera positivo el informe de Gafilat.

“Los resultados obtenidos por el país son favorables, tanto en el cumplimiento del marco jurídico que se lo mide a través de las calificaciones de las 40 recomendaciones del GAFI, así como los resultados de la aplicación de las normas”, aclararon.

Sobre la advertencia de que no se han evaluado los riesgos vinculados a los activos virtuales y a ciertas amenazas y vulnerabilidades no cubiertas por la Encuesta Nacional de Riesgo, dijeron que estos “serán abordados a través de módulos especializados en la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos LA/FT/FP que empezará a finales de enero”.

También se refirieron a la alerta de que hay oportunidades de mejora en el nivel de comprensión del Financiamiento del Terrorismo en algunas autoridades. “Se realizarán capacitaciones a jueces y fiscales a través de la Escuela de Formación Continua de la UAFE en conjunto con la Escuela de Capacitación de la Función Judicial”.

Finalmente, y tras no entregar cifras de Reportes de Operaciones Inusuales del 2022, anticiparon que “se ha conseguido la asistencia técnica del Banco Mundial para la utilización de la Herramienta Metodológica para llevar a cabo la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos”.

Óscar Murillo Mojica

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